El Senado de la República exhortó a las y los titulares de los Poderes Ejecutivos, así como a los Poderes Legislativo y Judicial de las 32 entidades federativas, a que en ejercicio de sus facultades pongan en marcha y adopten las acciones pertinentes y necesarias encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.

El dictamen expone que la violencia contra la mujer no es exclusiva de algún territorio o de determinada entidad federativa, pues los delitos cometidos contra mujeres y niñas han aumentado de manera preocupante en el país.

Reconoce que se debe promover la elaboración de directrices y políticas públicas relativas a la seguridad, integridad, igualdad y dignidad de niñas y mujeres, ya que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos que impiden gozar de derechos y libertades en nuestro país.

La senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, destacó que el dictamen es oportuno, tras conmemorar, hace apenas unos días, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pues visibiliza y condena la problemática que lacera y violenta a la sociedad en su conjunto.

La senadora Verónica Delgadillo subrayó que más de la mitad de la población vive experimentando violencias, por lo que es momento de replantear que no se trata de una agenda de mujeres, sino de la Agenda de México para transformar al país. Debe quedar claro que el país no saldrá adelante si se sigue invisibilizando la situación e ignorando los delitos que se cometen todos los días, agregó.

Enfatizó que la violencia es un rostro con muchas formas, ya que las mujeres ganan hasta 35 por ciento menos por el mismo trabajo y responsabilidad; 9 de cada 10 son acosadas en las calles. Sufrimos una serie de violencias que llegan a arrebatar la vida a once mujeres todos los días.

Adicionalmente, el Senado de la República manifestó una enérgica condena por los ataques y asesinatos en contra de activistas y organizaciones defensoras del derecho humano a un medio ambiente sano.

En este segundo dictamen, también se hizo un llamado al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que, en coordinación con las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como sus homólogas en cada estado del país, fortalezcan las estrategias de seguridad que permitan proteger a todas las personas activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, tomando en cuenta todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la materia, así como de instancias internacionales.

Al respecto, la senadora López Rabadán destacó que el Estado mexicano tiene la obligación de promover y hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho de toda persona a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos.

En tanto, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria precisó que en el último año han sido asesinados más de 30 defensores de derechos humanos, principalmente defensoras del medio ambiente, por lo que se trata de un tema grave, ya que nos encontramos en una situación crítica de la democracia en donde es necesario garantizar el derecho a defender los derechos humanos.

En un tercer dictamen, las y los senadores hicieron un llamado a las y los titulares de los Poderes Ejecutivos de las 32 entidades federativas, para que realicen acciones que busquen la correcta implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a fin de que, a la brevedad se logre el establecimiento y operatividad de las instancias locales que marca la ley.

El dictamen precisa que, de conformidad con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, los 32 estados han instalado sus respectivas Comisiones Locales de Búsqueda de Personas.

No obstante, señala que se tienen muchos pendientes, ya que algunos no cuentan con titular, presupuesto suficiente o con personal adecuado y/o necesario. Asimismo, expone que algunas entidades federativas no se han creado los Fiscalías Especializados que ordenó el artículo 68 de lo ley en lo materia o, en su caso, no cuentan con persono titular. En algunas otras entidades no se ha conformado en Consejo estatal ciudadano.

La senadora Kenia López señaló que, del año 1964 a la fecha, se tiene registro de más de 77 mil personas desaparecidas o no localizadas, aunado al señalamiento que han hecho diversas organizaciones civiles acerca de la existencia de dos mil fosas clandestinas en el país.

Por su parte, el senador Álvarez Icaza Longoria, dijo que es necesaria una política pública a la altura de los colectivos de víctimas que siguen dando ejemplo extraordinario de cómo trabajar en la justicia, en la reparación y la no repetición. Esto, puntualizó, es un tema fundamental para la construcción de la Paz.