El Grupo Parlamentario del PRD aclaró el sentido de su voto a favor de la reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, avalado el martes pasado y en el que se plantea que los recursos e intereses acumulados sobre depósitos e inversiones en las llamadas “cuentas concentradoras” que prescriban; sean destinados a seguridad pública y combate a la delincuencia a nivel federal, estatal y municipal.

A través de un comunicado, la diputada Elizabeth Pérez Valdez, vicecoordinadora de la bancada, estableció que si bien este grupo parlamentario dio su aval a la propuesta, que no afecta a los ahorradores, también debe quedar clara su condición para que el Senado complete el proceso con mecanismos que garanticen transparencia sobre el dinero estimado en unos 10 mil millones de pesos, ya que hay riesgo latente de opacidad en razón de que no se definieron reglas de operación, y con ello se pierde certeza en cuanto a que se cumpla lo aprobado para la repartición, y de la que pueden quedar fuera las policías estatales y municipales.

La legisladora enfatizó que lo aprobado por los grupos parlamentarios es la obligatoriedad del Sistema Nacional de Seguridad Pública a establecer, de manera anual, mecanismos de distribución de los recursos, atendiendo las necesidades y prioridades: el 50 por ciento para la Federación, 30 por ciento para entidades federativas y 20 por ciento para municipios del país y alcaldías de la Ciudad de México.

Agregó que tiene que quedar bien establecido en reglas de operación para evitar arbitrariedades.

Los recursos “mostrencos” se refieren a aquellos que no tienen dueño y llevan más de seis años sin actividad en el sistema financiero, explicó.

Estos recursos, agregó, se ubican en las llamadas “cuentas concentradoras”, donde va a parar dinero de cuentas que cayeron en situación de ‘no reclamo’, en un proceso largo de más de seis años y que, en un litigio, se confiscan a favor del gobierno, pero no se pueden entregar hasta en tanto no termine el proceso legal correspondiente.

Entonces, señaló, cuando el litigio no procedió, no se resolvió después de seis años, el dinero es canalizado a estas “cuentas concentradoras” que, una vez que cumplan tres años, pasan a la beneficencia pública y a partir de que el dictamen sea aprobado por el Senado, a la seguridad pública.

Pérez Valdez subrayó entonces que el PRD no avalaría nada que afecte a la ciudadanía ni a su patrimonio. El acuerdo, recalcó, es no afectar las garantías constitucionales, y se trata de recursos cuyo derecho a ser reclamados prescribieron.

El texto de la iniciativa señala: “Disponer de aquellos recursos cuyo derecho a ser reclamados han prescrito. Es decir, que habiendo transcurrido los seis años que marca la ley, no fueron ni podrán ser reclamados, por lo que no se afectan las garantías constitucionales puesto que, por ser la figura de la prescripción una institución de orden público, no existe poseedor originario cierto, se agotan las relaciones jurídicas entre el particular, se extinguen las obligaciones sobre el bien financiero depositado, y un recurso que actualmente se encuentra ocioso se convierte en mecanismo de fortalecimiento institucional de las corporaciones encargadas del combate a la delincuencia y el mantenimiento de la paz y la estabilidad social”.