La Cámara de Senadores aprobó un dictamen para que, durante el tiempo de su encargo, las y los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión puedan ser imputados y juzgados por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos ilícitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano.

El proyecto, que adiciona un párrafo tercero al artículo 108 de la Constitución Política, precisa que en estos casos se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 111 de la Carta Magna.

La Asamblea avaló este dictamen con 102 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, en la sesión vespertina de este jueves. Luego de su aprobación en lo general y en lo particular, el documento fue enviado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, expresó su reconocimiento a todos los Grupos Parlamentarios para lograr el consenso y aprobar esta reforma. Es, dijo, “un asunto de principios y no de privilegios”.

Señaló que el fuero debe ser una figura para que las y los legisladores actúen con solvencia en sus actividades legislativas, sin ser perseguidos por quienes ostentan el Poder Ejecutivo en los ámbitos federal o estatal.

Por la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Cristóbal Arias Solís señaló que “nadie puede negar que la corrupción es la principal causa del deterioro de la vida pública de nuestro país”. El fuero, apuntó, ya no puede ni debe ser considerado como un privilegio o una patente de impunidad.

Con esta propuesta, abundó, se reconoce la necesidad de supeditar las acciones de todos los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones, incurran en hechos delictivos para que puedan ser sujetos a procesos penales ante las autoridades competentes.

El senador José Ramón Enríquez Herrera, de Morena, expresó: terminamos con la figura de la impunidad, con la normalización de la corrupción, como una práctica cotidiana e intolerable. Necesitamos consolidar una cultura de la legalidad que nos recuerde que el servicio público implica una gran responsabilidad que debe cumplirse con decoro y honestidad, acotó.

En contraste, la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del PAN, manifestó su voto en contra de la reforma porque, dijo, se trata de “un circo mediático” promovido por el Presidente de la República. El fuero de los legisladores -agregó- es para proteger el libre ejercicio de la palabra, “para que nadie te persiga por tus ideas, exigir que se combate a la delincuencia o medicamentos para los niños con cáncer”. El pleno también rechazó una reserva presentada por la legisladora.

Su compañera de bancada, Guadalupe Murguía Gutiérrez, consideró el dictamen como un avance, porque establece “un piso parejo” para incrementar los delitos por lo que pueden ser juzgados los legisladores federales con la misma responsabilidad penal que el titular del Ejecutivo Federal.

La senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, destacó que se consolida una reforma que da certeza y atiende el reclamo de los ciudadanos. Además, afirmó, “manda un mensaje correcto”, pues los representantes populares no pueden ser la excepción y el fuero no debe ser un impedimento para ser juzgados por cualquier delito.

El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, de la Fracción Parlamentaria del PVEM, señaló que la eliminación del fuero legislativo fomentará el fortalecimiento de los contrapesos entre Poderes y contribuirá al combate a la corrupción. Agregó que la ciudadanía ya está cansada de ver privilegios a costa del erario, por lo que la aprobación de esta propuesta es impostergable.

Juan Zepeda, senador de Movimiento Ciudadano, afirmó que se trata de un proyecto congruente con las raíces de su partido, que desde legislaturas pasadas ha impulsado la eliminación de dicha figura para evitar posibles actos de impunidad.

A su vez, el senador Juan Manuel Fócil Pérez, del PRD, subrayó que la eliminación del fuero es una de las luchas históricas de su partido, por lo que acompañarán la propuesta. Apuntó que esta figura surgió para otorgar protección a opositores y garantizar la división de Poderes, pero los servidores públicos no deben tener más privilegios que el resto de los ciudadanos.