Con 100 votos a favor y una abstención, el Pleno del Senado de la República aprobó una reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Victimas de estos Delitos, en materia de actuación de las autoridades.

El proyecto actualiza los tipos penales para incluir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para formar parte de un grupo criminal o a quien utilice a menores para cometer cualquiera de las actividades delictivas por grupos armados, trabajando de la misma manera en la aplicación de las sanciones correspondientes.

Asimismo, el dictamen sugiere una pena de 25 a 45 años de prisión y de dos mil 100 a 30 mil días multa, a quien, con la finalidad de explotar sexualmente a su pareja o descendientes de ésta, establezca alguna relación sentimental análoga bajo el engaño de constituir una familia, independientemente de la edad de la pareja o de su descendencia.

El proyecto también establece que las autoridades deberán adoptar medidas que garanticen el acompañamiento especializado efectivo de las víctimas; la separación del lugar donde se encontraba, así como de los posibles responsables; brindar asesoría jurídica, seguridad, protección, bienestar físico y psicológico; así como resguardar su intimidad, identidad y datos personales, desde que se conozca el ilícito.

Además, plantea que tienen que actuar con perspectiva de género y garantizar los derechos de la infancia, desde las medidas de acompañamiento, protección, las denuncias ante las autoridades ministeriales, el proceso jurisdiccional, hasta llegar a la ejecución de las sentencias que contengan las medidas reparatorias.

Sugiere que el Ministerio Público y los policías procedan de oficio o a petición de parte con el inicio de la indagatoria por los delitos en materia de trata de personas, inmediatamente después de que tengan conocimiento de éstos por cualquier medio formal o informal.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, subrayó que la propuesta busca dotar de herramientas al Estado para que castigue a quien cometa estas conductas y se garantice la reparación del daño a las víctimas, lo que se puede lograr con personas servidoras públicas que actúen con perspectiva de género e infancia.

A su vez, el senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, aseveró que el delito de la trata de personas lastima lo más profundo de la sociedad. Lamentablemente, agregó, entre enero y mayo de este año, hubo un incremento de más del 10 por ciento comparado con el mismo periodo del año pasado.

La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del PRI, dijo que este problema debe atenderse con urgencia, pues se trata de un fenómeno que hace ver a los otros como mercancía, además de que acentúa las desigualdades, porque vulnera con más furia a víctimas de la discriminación y la inequidad como mujeres, niñas y personas migrantes.

Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador de la bancada del PRD, señaló que este flagelo es el tercer delito más redituable para el crimen organizado, lo que ha hecho necesario que se cuenten con fiscalías especializadas y reglas especificas para acreditar este delito, el cual se trata de esclavitud contemporánea.

La senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Plural, señaló que esta actualización es de suma importancia, pues se centra en las víctimas y “se enfoca en reparar las heridas de las y los sobrevivientes de este aberrante crimen para que logren mirar hacia el futuro con esperanza, y alcancen su reintegración social, política y económica”.