Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron el dictamen por el que se expide el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual busca establecer procedimientos homologados en todo el país para dirimir las controversias entre particulares.

Este proyecto contiene más de mil 200 artículos en diez libros, así como 20 artículos transitorios, que minimizan las formalidades en las actuaciones judiciales; eliminan la diversidad de criterios sobre una misma institución procesal; y establece políticas públicas para mejorar, de manera transversal, la administración e impartición de justicia civil y familiar.

Además, este instrumento fue trabajado en conferencia entre las comisiones de Justicia de ambas Cámaras y un Grupo Técnico Revisor; además cuenta con el visto bueno de las Juntas de Coordinación Política del Senado y de la colegisladora.

La senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, afirmó que esta reunión es histórica, ya que este nuevo ordenamiento es una respuesta al reclamo de justicia cotidiana de la población mexicana. En ese sentido, agregó que este instrumento debe perfeccionarse conforme avance su implementación.

La legisladora de Morena aseveró que este producto es un Código de envergadura que se construyó a lo largo de un año, con la participación de expertos y profesionales. Además, dijo que se deben comprometer para aprobar este proyecto antes de que concluya el Periodo Ordinario, a fin de acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, agradeció al Grupo Técnico Revisor, así como a las y los integrantes de las comisiones de las dos cámaras por el esfuerzo realizado para hacer realidad este nuevo instrumento legislativo.

Asimismo, instó al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados a que acompañen la implementación de este proyecto con los recursos financieros necesarios, pues “es un ejercicio normativo que le va a traer mucho bien al país, pero si no va acompañado con los recursos para instrumentarlo en todas las entidades, se puede que dar en sólo una buena intención”.

El senador Elí César Eduardo Cervantes Rojas, de Morena, aseguró que se trata de una de las mayores reformas en la materia, la cual beneficiará a los grupos más vulnerables, además de que facilitará la impartición de justicia civil y familiar en todo el territorio nacional.

Por Acción Nacional, el senador Damián Zepeda Vidales destacó el régimen transitorio del dictamen, pues dará tiempo para que universidades, tribunales y litigantes se familiaricen con el nuevo modelo.

El senador Manuel Añorve Baños, del PRI, destacó que esta norma nace con el objetivo de homologar los procedimientos a nivel nacional, así como para unificar y agilizar el sistema de impartición de justicia en todo el país: es un Código de avanzada, moderno y cercano a la gente, agregó, “claro que todo es perfectible, pero es un instrumento de vanguardia”.

Del PVEM, el senador Raúl Bolaños-Cacho Cue mencionó que lo que hoy se discute es una combinación casi perfecta, entre el derecho, la ley escrita y la buena política, “la que construye consensos, la que trae a la mesa todas las propuestas, porque la verdadera ejecución de las leyes es cuando viene de quienes la viven a diario y es más sencilla”.

Joel Padilla Peña, senador del PT, destacó el impulso de diversos recursos tecnológicos, financieros y humanos para contar con un funcionamiento y servicio adecuado, lo que permitirá liberar la carga de trabajo de los tribunales. Además, destacó que el nuevo Código promueve un sistema de impartición de justicia que garantizará los derechos humanos.

Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, precisó que espera que la implementación de este Código no deje “un mal sabor de boca” como lo ha hecho la del Código Penal Federal, pues el 70 por ciento de los juicios nacionales son en materia civil y familiar.

Por el Grupo Plural, el senador Germán Martínez Cázares aseguró que en la elaboración del proyecto se hizo política, pues imperó el diálogo y se escuchó a los peritos y técnicos en derecho, lo que permitirá cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero con el deber moral de tener una República fundada en relaciones civiles ciertas y respetadas.

Fotos: Senado