En México, la industrialización de las últimas décadas propició la formación de tres patrones territoriales diferenciados de industrialización: desindustrialización de la Zona Metropolitana del Valle de México, en particular de la Ciudad de México; la reconversión industrial hacia la exportación, como son los casos de Monterrey y Querétaro; y nuevos espacios industriales, como los de Guanajuato y Yucatán, indicó la especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Josefina Morales Ramírez.

Esos procesos conllevan aceleradas situaciones de recomposición social y urbana, como la explosividad de los trabajadores informales en la capital de la República mexicana o la metropolización precaria de la ciudad de Monterrey.

Resaltó que el comportamiento cíclico de la reproducción del capital ha llevado en el último medio siglo a crisis recurrentes con una inmediata repercusión en la industria maquiladora.

Durante este periodo, agregó, se registraron ocho recesiones en ese sector en México, destacando las de 2001 y 2003 que produjeron la pérdida de más de 250 mil puestos laborales en esa industria con un impacto regional considerable.

En tanto, la profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, Marcia de Paula Leite, aseveró que asistimos a un profundo proceso de retroceso social en materia laboral, que nos remite a tiempos que creíamos superados.

“De hecho, estamos frente a una severa crisis de desarrollo social”. Para superarla, los gobiernos deberían incluir planes de creación de empleo, establecer una oferta de salud y educación públicas de calidad, así como acciones para recuperar derechos laborales y fortalecer los sindicatos y la negociación colectiva, argumentó en la sesión “Trabajo y desarrollo social frente a la pospandemia”.

De acuerdo con la experta, el desarrollo tecnológico, en particular de la inteligencia artificial, expandió un nuevo modelo laboral por medio de plataformas que representa la precarización del trabajo, porque quienes se desempeñan de esa manera carecen de derechos y se les paga solo por las horas trabajadas.

Para la docente universitaria de Costa Rica, Marina Ortíz, en los últimos años la tecnología ha tenido un gran desarrollo en áreas como mecatrónica, telemática robótica, las tecnologías de la información y comunicación, incluso alternativas de trabajo por internet, lo que cambió las formas de vida y generó la especialización significativa del mundo laboral, incluso la división profunda del trabajo.

También condujo a una gran exclusión social porque numerosas poblaciones en el mundo carecen de acceso a esas tecnologías, las cuales quedaron al margen de estas “tal vez por no contar con los conocimientos y capacidades para su uso, o por su nivel socioeconómico; o bien, por la falta de acceso a la educación. Además, debemos considerar el factor etario, progresivamente se va dando un analfabetismo tecnológico, en la misma medida en que hay un desarrollo tecnológico vertiginoso constante”.

Hoy vivimos un proceso en el cual la tecnología nos ha acercado más; sin embargo, su especialización excluyó progresivamente a una parte importante de la población en el mundo, sostuvo en el encuentro donde también participó Javiera Cienfuegos, profesora de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, de Chile.

“Estamos expulsando de los empleos formales a una parte significativa de individuos, además de la alta desigualdad entre empleos formales especializados que agrupan mayores niveles salariales y una población que trabaja en el sector formal en condiciones de baja calidad; es decir, salarios precarizados que ni siquiera pueden cubrir los costos de la canasta básica, jornadas extensas y largas, servicios médicos mínimos, etcétera”, enfatizó Marina Ortíz en el auditorio Pablo González Casanova, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM,

Momentos de disrupción

En el panel magistral Judicialización de la política, Albert Noguera, de la Universidad de Valencia, dijo que esa noción se puede entender en un sentido amplio, incluyendo la instrumentalización de la justicia o la guerra jurídica; es decir, las múltiples formas de utilización premeditada e ideológica de las instancias judiciales por parte de un sector social para confrontar, mediante cierta apariencia de legalidad, a su oponente político.

Durante los últimos años este tema adquirió notoriedad en el debate público latinoamericano, pero no es un fenómeno nuevo: a lo largo de la historia del Estado constitucional encontramos numerosos episodios de ese tipo por vía de intervención de jueces en las funciones ejecutivas o legislativas; un ejemplo es el enfrentamiento entre la Corte Constitucional y el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, en Colombia.

Al moderar el panel, la académica y exdirectora de la FCPyS de la UNAM, Angélica Cuéllar, señaló: a partir de formaciones y filiaciones particulares de jueces o magistrados, donde influye la preferencia política, religiosa, sexual, etcétera, puede haber momentos de disrupción frente a un caso, como los de violaciones graves a derechos humanos, que han ocurrido en nuestro país.

En tanto, Artur Stamford da Silva, de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil, consideró que se debe discutir la idea del límite entre Derecho y política, y cuándo la conexión entre ambos supone, por ejemplo, una relación de conflicto y de uso del Poder Judicial para imponer intereses políticos.

Crítica al poder

El deber del científico social es denunciar al poder, señalarle las consecuencias de sus acciones, indicar por qué las políticas neoliberales y la criminalización del pensamiento terminan por deshumanizarnos, afirmó el sociólogo y académico de la Universidad Complutense de Madrid, Marcos Roitman Rosemann.

“Es allí donde el pensamiento crítico latinoamericano está haciendo su lucha: está construyendo, pero es una pelea que se da en las aulas, en la política, en lo cotidiano, en la familia, en los elementos que nos configuran como seres humanos y científicos sociales”, aseveró.

Al participar en la conferencia “Retos y desafíos del Pensamiento crítico latinoamericano y caribeño”, aseguró: no hay pensamiento crítico sin crítica al poder, y si no se critica a este, no hay pensamiento subversivo sino “domesticación”.

Al hacer uso de la palabra, el antropólogo e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Gilberto López y Rivas, expuso que hablar del pensamiento crítico conduce a la discusión del papel de los intelectuales y de la academia en la sociedad capitalista.

En la FCPyS señaló que no es nuevo que científicos den sustento a prácticas de racismo, neocolonialismo, entre otras. Relató que hace décadas, en ocasión de la revolución cubana, 140 sociólogos formaron parte del Proyecto Camelot mediante el cual se buscaba conocer las causas de las revoluciones sociales y contar con políticas para prevenirlas.

Vía remota, Néstor Kohan, académico de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, indicó que una de las tareas principales del pensamiento crítico latinoamericano es enfrentar y contrarrestar la contrainsurgencia en las ciencias sociales pues hay instituciones de este orden que, disfrazadas de organizaciones no gubernamentales, cooptan a académicos y científicos sociales para legitimar el actual orden capitalista.