Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno a la transformación del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Los principales ejes de la propuesta son consolidar un verdadero sistema de carrera judicial basado en criterios objetivos, condiciones de igualdad de oportunidades y el mérito; y fortalecer las facultades institucionales de combate a la corrupción.

Además, busca establecer mecanismos de prevención y combate al nepotismo, relaciones familiares y corporativismo judicial; e implementar políticas de adscripción con base en criterios objetivos sobre necesidades del servicio para recobrar la legitimidad del PJF frente a la ciudadanía.

El documento aprobado presentó diversas modificaciones planteadas por todos los Grupos Parlamentarios, derivadas de la discusión y de la presentación de propuestas alternas, así como las opiniones vertidas en el ejercicio de Parlamento Abierto en la materia. Los puntos fundamentales de las modificaciones al proyecto de decreto radican en los artículos 100, 105 y 107 constitucionales.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Cristóbal Arias Solís, recordó que la reforma surge de un ejercicio de autocrítica del Poder Judicial. Dijo que todos los Grupos Parlamentarios han realizado un gran esfuerzo para sacar adelante este dictamen. Además, se dijo convencido de que se debe fortalecer el sistema de carrera de formación judicial para erradicar el nepotismo y la corrupción.

En la discusión, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, integrante de la bancada del PT, destacó si lo que se busca es ampliar el alcance del derecho a la justicia, se debe tener claro que quitarle recursos a la ciudadanía para impugnar actos, no es la vía para alcanzar ese fin.

El senador Damián Zepeda Vidales, de la Fracción Parlamentaria del PAN, reveló que está en contra de la reforma. Detalló que el sistema de justicia está colapsado, que esta propuesta no hace nada por cambiar las cosas, sentenció. Esto atenta contra la división de poderes, denunció.

A su vez, la senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, aseguró que la propuesta no es una reforma integral, ni la que todos desean para el Poder Judicial. Indicó que entiende el objetivo de convertir a la Corte en un alto Tribunal Constitucional, sin embargo, apuntó que esta no es la solución para atender la crisis en el sistema de justicia.

Raúl Bolaños-Cacho Cué, senador del PVEM, aseguró que esta reforma demuestra que los tres Poderes pueden coordinarse. Agregó que la propuesta no es tan robusta como quisiera, sin embargo, dijo que después de su aprobación seguirán trabajando para brindar más herramientas al sistema de justicia para fortalecerlo y brindar certeza a las familias mexicanas.

En tanto, el legislador Germán Martínez Cázares, de la bancada de Morena, señaló que el juez corrupto es el menos preparado, por ello propuso la creación de una escuela judicial con autonomía, esto con el objetivo de formar juzgadores que ingresen a la carrera por meritocracia y no por nepotismo. Detalló que impulsará esta propuesta y, de no lograr que se incluya en la reforma, votará en contra de ella.

Dante Delgado, coordinador de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, indicó que esta reforma tiene una gran implicación en la impartición de justicia, por lo que le extrañó que no se discutiera el interior del Poder Judicial ni se hicieran ejercicios de profunda reflexión sobre esta. Además, apuntó que sólo es una reforma parcial, pues no empodera a la ciudadanía.

El senador Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD, señaló que esta reforma va a la parte orgánica y operacional del Poder Judicial. Asimismo, destacó el ejercicio de Parlamento Abierto en la materia, ya que dejo varios planteamientos importantes, de los cuales algunos fueron retomados para modificar la propuesta.

El dictamen fue remitido a la Mesa Directiva, la cual preside el senador Eduardo Ramírez, para ser sometida a discusión y deliberación del Pleno. Al ser reformas constitucionales, se necesita el voto de las dos terceras partes de las senadoras y senadores presentes.