Por unanimidad, las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos aprobaron el dictamen que expide la Ley General de Educación Superior, cuyo objetivo es establecer las bases para dar cumplimiento a la obligación del Estado de garantizar el derecho a la enseñanza de este nivel.

Los integrantes de ambas comisiones acordaron presentar propuestas de modificación al proyecto de decreto, pues hay cuestiones pendientes que se deben incluir o precisar en el dictamen.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Educación, Rubén Rocha Moya, dijo que este proyecto es resultado de un trabajo colectivo entre legisladores de todos los grupos parlamentarios.

Señaló que la Mesa Directiva de la Comisión recibirá las propuestas de modificación para contemplarlas en el dictamen. Previó que la próxima semana se presente el proyecto ante el Pleno y que sea ahí donde se aprueben los cambios sugeridos.

El proyecto de decreto dispone la obligatoriedad de la educación superior y reitera la gratuidad de las universidades públicas. Contempla que el Sistema Nacional de Educación Superior se integre por los subsistemas universitario, tecnológico, escuelas normales y formación docente, en sus diferentes modalidades.

Lo anterior, a fin de garantizar una oferta educativa con capacidad de atender las necesidades nacionales, regionales, estatales y locales, además de las prioridades específicas de formación de profesionistas, investigadoras e investigadores para el desarrollo sostenible del país.

Asimismo, establece que los presupuestos federal y estatales deberán incluir recursos suficientes para cumplir de manera progresiva los deberes de obligatoriedad y gratuidad.

Incluye la coordinación entre las autoridades federales y locales para garantizar el acceso y ejercicio de la educación superior, así como las políticas de inclusión, permanencia y continuidad de los alumnos de este nivel.

El dictamen otorga autonomía a las universidades, y demás instituciones de educación superior, además de la facultad para gobernarse así mismas.

Señala que estas instituciones deben cumplir sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, con pleno respeto a las libertades de catedra, investigación y discusión de ideas.

El nuevo marco normativo ayuda a satisfacer diversas exigencias, como la de establecer el Registro Nacional de Opciones para la Educación Superior, el cual dará a conocer a la población los espacios disponibles en las instituciones de este nivel educativo, así como los requisitos para su ingreso.

También, establece la creación de instancias para prevenir la violencia sexual y de género en las instalaciones universitarias.

El senador Manuel Añorve Baños, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, indicó que la realización de este derecho no depende únicamente de la instauración de un orden jurídico ni de una decisión política, sino de los logros y metas que como legisladores y ciudadanos alcancen para este fin.

La senadora de Morena, Blanca Estela Piña Gudiño, expuso las preocupaciones de 90 organizaciones sindicales, de maestros, académicos y pedagogos, quienes pidieron no aprobar el dictamen si no se incluyen temas fundamentales, como eliminar los requisitos de admisión en las universidades públicas, pues son medidas de exclusión. Asimismo, sugirió 13 medidas para quitar del proyecto “los filos violentos del modelo educativo neoliberal”.

En tanto, la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del PAN, hizo algunas observaciones de redacción al dictamen y sugirió cambios para garantizar el derecho de los estudiantes a las becas y asegurar el presupuesto para las universidades, entre otros asuntos.

La senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, se refirió al aparatado presupuestal de la ley, en el cual, dijo, “metió su mano Hacienda y debilitó a las instituciones de educación superior”, por lo que pidió que esta parte del dictamen quede como se presentó inicialmente.