La Comisión de Comunicaciones y Transportes, que preside la senadora Lucía Meza Guzmán, aprobó el proyecto que envió la Cámara de Diputados para sancionar a las personas que, con el fin de obtener un lucro, interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje.

La reforma al artículo 133 de la Ley de Vías Generales de Comunicación establece que estas acciones serán castigadas de tres meses a siete años de prisión y con multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Con ello se castiga la práctica reiterada de los actos de bloqueo que ponen en riesgo la vida y los bienes de las personas que transitan por las carreteras de cuota del país y que, de forma recurrente, se han visto afectadas al ser tomadas por diversos grupos.

Dichas acciones, se expone en el documento aprobado, representaron un quebranto, en 2020, por cuatro mil 121.7 millones de pesos a las arcas de la Federación.

En el dictamen, las y los senadores reconocieron el derecho de las y los ciudadanos a manifestarse de manera libre y pacífica, como un derecho consagrado en la Constitución Política.

No obstante, asentaron, las tomas de casetas, que en un principio respondían a medidas extremas adoptadas por sectores para hacer notar sus demandas, ahora se han convertido en puntos de elevado peligro, al tener por objeto la extorsión a los usuarios.

El proyecto precisa que a quienes, para obtener un lucro, interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

En la reunión de trabajo también se avaló un exhorto para que la secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través del Servicio Postal Mexicano, multiplique y diversifique los canales y medios de frecuencia de los envíos de correspondencia y paquetería a la República de Cuba.

Esto, con el propósito de que las comunicaciones interpersonales y las actividades de cualquier índole queden garantizados oportunamente en beneficio de ambos pueblos.

Foto: Senado