Las comisiones unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron las reformas para que los tres órdenes de gobierno y los poderes del Estado instrumenten acciones coordinadas y eficientes para atender la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, a través de la correcta operación y funcionamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres en todo el país.

La senadora Martha Lucía Micher Camarena informó que este dictamen -que incluye dos minutas que envió la Cámara de Diputados para modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia-, es producto del consenso entre las organizaciones de la sociedad civil, ONU-Mujeres y el Gobierno Federal.

Explicó que el proyecto de decreto incorpora al marco legal y a la política general, de forma clara y con competencias específicas, a estas instancias que proporcionan servicios multidisciplinarios de atención integral psicología, jurídica y médica, entre otras, a las mujeres víctimas de la violencia.

Además, confiere atribuciones a la Secretaría de Gobernación para integrar, administrar y operar el Banco Nacional de Datos e información de casos de violencia, una reforma que resulta necesaria a fin de armonizarla con el Reglamento vigente de la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia y ajustar el marco normativo a la realidad.

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género agregó que también se establece que la SEGOB deberá promover la creación y equipamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres, así como diseñar el modelo de gestión operativa de los mismos, a fin de garantizar lineamientos comunes con los que deberán operar dichos mecanismos.

A las entidades federativas, en tanto, se les otorga la atribución de crear, operar y fortalecer dichos Centros.

El dictamen, establece el derecho de las mujeres con discapacidad a que los procedimientos sean accesibles y se realicen los ajustes de procedimiento necesarios para garantizar el acceso a los distintos servicios en condiciones de igualdad.

También se consideró fundamental incorporar, como de las atribuciones específicas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, “proponer al Consejo Nacional de Seguridad de Pública que los Centros de Justicia para las Mujeres sean considerados como ejes estratégicos, programas y subprogramas con prioridad nacional”.

Lo anterior, para que se pueda acceder a recursos federales como una fuente de financiamiento, por lo que hace a las acciones en materia de seguridad que se desarrollan en los Centros.

Micher Camarena también explicó que pese a ser una medida de política pública, que se ha ido fortaleciendo desde hace más de una década para atender la violencia contra las mujeres, hasta el momento no había sido incorporada dentro de la política general en matera de atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos.