La Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) ha demostrado que la mal llamada verdad histórica fue una construcción —elaborada desde el gobierno federal— para encubrir los hechos y legitimar e imponer la versión oficial de la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula y dar carpetazo al caso. La complicidad de funcionarios de los tres órdenes de gobierno y las acciones concertadas para ocultar la verdad constituyen un crimen de Estado.

Tal es el caso de la junta de autoridades, presidida por el entonces presidente de la República, junto con funcionarios del más alto nivel del gobierno, que fue la responsable directa de la construcción de la llamada verdad histórica. Esta operación al más alto nivel constituye una segunda desaparición de los estudiantes por:

Las omisiones de las autoridades que en todo momento estuvieron informadas y permitieron la violencia y la desaparición de los estudiantes.
La participación con el grupo delictivo en la desaparición de los normalistas.
La manipulación y ocultamiento de evidencias y pruebas.
La creación de escenas del crimen.
La obtención de declaraciones bajo tortura.
La protección a los servidores públicos que participaron en los hechos.
Mentir a los familiares de las víctimas y a la sociedad.

Al presentar hoy el Segundo Informe de la Presidencia de la CoVAJ, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, subrayó las diferencias entre la verdad histórica y la investigación que lleva a cabo la comisión, y destacó tres puntos:

1. La verdad histórica señala que los estudiantes iban a boicotear el informe de labores de María de Los Ángeles Pineda Villa, entonces presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, y esposa de José Luis Abarca Velázquez, en tanto que la investigación de la CoVAJ refiere que los estudiantes iban a tomar autobuses para trasladarse a la Ciudad de México, a fin de participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre.

2. La verdad histórica acusa que integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos incineraron a los estudiantes en el basurero de Cocula por tratarse de supuestos integrantes de un grupo contrario, denominados Los Rojos, mientras que la CoVAJ reveló que, al considerar las condiciones climáticas del terreno y la vegetación, dicho evento no pudo haber sucedido. En ningún momento los estudiantes estuvieron juntos tras la salida de la terminal de autobuses. Del análisis de las comunicaciones telefónicas y testimonios recabados, se desprende que los estudiantes fueron divididos en al menos tres grupos y llevados a diferentes destinos.

3. Asimismo, la llamada verdad histórica reconstruye los hechos pretendiendo responsabilizar solamente a las autoridades locales vinculadas con el grupo delictivo. Por el contrario, el informe de la CoVAJ detalla que el día de los hechos participaron en colusión con los grupos criminales que operaban en la región autoridades civiles y grupos de seguridad municipal, así como autoridades federales, estatales y elementos del 27 y el 41 Batallones de Infantería.

Por ello, la verdad histórica fue revestida de acciones institucionales y estrategias de comunicación que tenían como finalidad el cierre de las investigaciones para dar carpetazo al caso.

Pretendió presentar las sentencias de los responsables por los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado, con lo que se evitaba abordar lo sucedido desde la perspectiva de la desaparición forzada.

Trató de crear una versión de los sucesos, limitándose a señalar la violencia ejercida por los grupos criminales que operaban en la región, la cooptación de autoridades civiles y grupos de seguridad municipal.

No consideró la participación de elementos de las Fuerzas Armadas de la región y de las autoridades federales involucradas, responsabilizando solamente a las autoridades locales.

Prevalecen las contradicciones, rupturas argumentativas y vacíos narrativos que acreditan abuso de poder y que derivaron en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda y de las investigaciones.

En todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes, desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición.

Sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.

Los estudiantes eran objetivo de inteligencia militar de manera regular desde años atrás de lo sucedido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Los mandos militares no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin, quien se encontraba dentro del grupo de estudiantes.

El grupo delictivo actuó con amplio número de personas a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado.

Por los datos encontrados, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa ha logrado avances significativos a diferencia de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, y también ha obtenido resultados superiores a las expectativas de comisiones de la verdad en otros países.

La CoVAJ no ha torturado, no ha sembrado pruebas, no ha alterado escenas del crimen, no ha fabricado culpables; ha actuado con ética.
El Gobierno de México reconoce públicamente las responsabilidades del Estado en la desaparición de los 43 estudiantes y señala a las personas que presuntamente intervinieron en los hechos, así como en la construcción de la verdad histórica.
Un componente central en la composición de esta comisión ha sido la participación de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos, a quienes se les reconoce su lucha, resistencia y organización que visibiliza y dignifica a sus hijos.

El subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez subrayó que el trabajo se realiza con pleno respeto a las madres y los padres de los estudiantes, sin caer en la conducta poco humana de generar falsas expectativas; lo importante es darles certeza.

Las personas detenidas actualmente suman 132 en diversos penales: 41 integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos; 71 policías, de los cuales cinco son federales, tres federales ministeriales, siete estatales, dos de Cocula, nueve de Huitzuco, 45 de Iguala y el exprocurador general de la República, así como el extitular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro de la Procuraduría General de la República (PGR); un exministerio público de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido); 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); un exsecretario de Seguridad estatal de Guerrero, además del presidente municipal y la expresidenta del DIF, ambos de Iguala.

A la par suman tres solicitudes de extradición de actores relevantes que se encuentran en Israel y Estados Unidos, a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sobre el actuar de jueces, persisten decisiones contradictorias: 77 de 169 consignados liberados por tortura sin castigar a los torturadores. Se ordenó la destrucción de los videos de las seis cámaras del Palacio de Justicia de Iguala. Se restó validez a pruebas de cooperación internacional, como las escuchas de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y hubo falta de comprensión sobre testigos de identidad reservada y rechazo a la distorsión de voz e imagen por seguridad.

El uso de tecnología es otro de los aspectos que distingue la investigación realizada por esta comisión presidencial, que mediante modelos geoespaciales proyectó el análisis hidrológico, así como un modelo digital del terreno en la Barranca de la Carnicería, con el cual se obtuvo un perfil sobre la posible ubicación de fosas, de acuerdo con la acumulación de nitrógeno en la tierra.

La comisión continúa la más exhaustiva investigación para garantizar el derecho a la verdad, justicia, reparación y la no repetición de estas violaciones a derechos. El reto en este momento es la búsqueda y judicialización.

Tres estudiantes han sido localizados: los restos de Alexander Mora Venancio fueron encontrados en el Río San Juan, en octubre de 2014; los correspondientes a Christian A. Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz fueron hallados en la Barranca de la Carnicería en noviembre 2019 y octubre de 2020, respectivamente.

Se siguen desarrollando las acciones necesarias para localizar e identificar a los 40 estudiantes que permanecen desaparecidos. Se encuentran en proceso de identificación genética los restos óseos encontrados en el predio Las Cuevillas en Apetlanca, Guerrero, que se analizarán en el laboratorio de la Universidad de Innsbruck.

Continúa la búsqueda de nuevas fuentes de información y de posibles testigos. En particular, de las intercepciones de comunicaciones realizadas por la Sedena al grupo delictivo durante los hechos.

Se define el mecanismo de continuidad del caso Ayotzinapa por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y continúa la búsqueda de los estudiantes al margen del cambio de gobierno.

En este sentido, el subsecretario reafirmó el compromiso para dar con el paradero de los estudiantes, utilizando los instrumentos del Estado y haciendo lo humanamente posible para alcanzarlo.

El Segundo Informe de la Presidencia de la CoVAJ, presentado en el salón Revolución de la Secretaría de Gobernación, incluye los siguientes apartados y puede ser consultado de manera abierta por toda la ciudadanía:

Soporte de la investigación.
Contexto de la desaparición de los estudiantes.
Reconstrucción de los hechos.
Causales de la desaparición de los estudiantes.
Judicialización.
Búsqueda de los estudiantes.
Hallazgos e identificación genética.
La verdad histórica.

Fotos: Segob