Tras los incidentes de este martes y después de establecer una mesa de diálogo, el Ayuntamiento de Atlixco y el personal del Departamento de Limpia acordaron el revisar sus peticiones por la vía legal esto es, levantando un pliego petitorio ante la Contraloría.
En el caso de la queja sobre despido injustificado, el Gobierno Municipal dará las facilidades para llevar el asunto directamente a la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Cumpliendo ese acuerdo, el Ayuntamiento acompañó a los quejosos a las oficinas de la Contraloría Municipal para que puedan proporcionar sus declaraciones y denuncias formalmente. Por su parte, el presidente municipal, Guillermo Velázquez Gutiérrez, recibirá mañana a una comisión integrada por representantes de los trabajadores de Limpia para escuchar personalmente sus peticiones.
Este acompañamiento que hará el ayuntamiento a los quejosos se da para encausar su inconformidad por las vías correspondientes, consistentes en presentar una denuncia o un pliego petitorio ante la Contraloría Municipal y establecer legalmente las inconformidades ante la referida Junta de Conciliación y Arbitraje.
El gobierno informa que en el Departamento de Limpia se ha aplicado la reglamentación vigente, procurando mejoras en sus respectivas situaciones laborales, mismas que se han informado oportunamente a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y a la Presidencia Municipal. Incluso, ante la contingencia por el Covid-19, les fueron entregados insumos de prevención a los trabajadores, algunos no los ocuparon argumentando que les impedían la movilidad para su desempeño.
El Ayuntamiento de Atlixco garantiza el respeto a sus trabajadores y ciudadanos, aunque la recomendación permanente es manifestar las inconformidades, irregularidades o denuncias a través de los causes legales establecidos de manera institucional.
La confrontación ocurrida este martes se suscitó debido a una serie de acciones que requirieron la intervención de la fuerza pública debido a la violación del principio de legalidad.
La protesta fue originada por la inconformidad de las familias Pale y Salvador que, al perder privilegios en la operación del Servicio de Limpia, reunieron un pequeño grupo de trabajadores. Este grupo sustrajo tres camiones propiedad del ayuntamiento y, de acuerdo con la información de algunos trabajadores presentes en la protesta, amenazó a sus compañeros restantes para que entregaran las llaves de los vehículos.
Los inconformes retuvieron a uno de los cuidadores de los vehículos de limpia contra su voluntad, incurriendo en el delito de secuestro y por lo cual los responsables fueron despedidos en el acto, de manera irrevocable.
Los vehículos sustraídos fueron utilizados para bloquear la entrada a los trabajadores del departamento de limpia y alumbrado, impidiendo el acceso al resto del personal de las jefaturas de Limpia y Alumbrado.
Los inconformes reunieron además a choferes y macheteros, que no forman parte de los trabajadores. En su protesta, poncharon llantas de los vehículos de limpia, ocasionando daños al bien inmueble del ayuntamiento.
Justo por la inhabilitación de los vehículos, el ayuntamiento recurrió al uso de una grúa para retirar el vehículo de propiedad pública y requirió el auxilio de la policía antimotines. De acuerdo a sus protocolos especializados, los oficiales no agredieron a los quejosos en ningún momento. Solo contuvieron la zona para permitir el movimiento.
El uso de la violencia por parte de los manifestantes dejó como saldo a cinco policías lesionados, entre ellos, dos mujeres. La detención momentánea de algunos manifestantes se debe a que estos lanzaron piedras y ladrillos contra los oficiales.
Se acordó con los inconformes que los manifestantes retenidos serían liberados una vez que las unidades de limpia fueran liberadas permitiendo a sus compañeros el acceso al Departamento de Limpia.