Las familias de migrantes que fueron separadas en la frontera sur de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump son candidatas a recibir miles de dólares en compensación por el daño que les infligió la política, según varias personas familiarizadas con el tema.

Las fuentes indicaron que algunas familias podrían recibir hasta 450 mil dólares por cada miembro afectado de manera directa. Sin embargo, las negociaciones entre el gobierno de Joe Biden y los abogados que representan a las familias no han terminado, y muchas podrían recibir una cantidad bastante menor.

Alrededor de cinco mil 500 niños fueron separados de sus padres en la frontera sur al amparo de la política de “tolerancia cero” de Trump, sobre todo en la primavera y el verano de 2018. La mayoría eran centroamericanos.

No hay duda de que el gobierno de Biden está haciendo lo correcto al proporcionar una indemnización monetaria significativa, dado que el gobierno maltrató de manera intencional a estas familias, incluidos bebés y niños pequeños”, dijo Lee Gelernt, el principal negociador de las familias y subdirector del proyecto de derechos de los inmigrantes de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU).

Pero, en última instancia, el gobierno de Biden será juzgado por el hecho de si les dio a estas familias o no una vía para quedarse en EU, para permitirles superar este trauma para siempre”, agregó.

SERVICIOS SOCIALES

En una serie de negociaciones, los abogados argumentaron que el gobierno de EU, incluido el Departamento de Seguridad Nacional, dañó a las familias al separar a los padres de los hijos, y que estas deberían tener derecho a una indemnización económica. En las negociaciones paralelas, la ACLU está intentando llegar a un acuerdo con el gobierno que les proporcione a las familias, entre otras cosas, una vía para permanecer en EU y servicios sociales.

La política de separación de familias fue un componente clave de la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración ilegal.

La política se dio a conocer mediante un memorando en abril de 2018. Más tarde salió a la luz que las familias habían sido separadas ya en 2017 como parte de un programa piloto realizado cerca de El Paso, Texas. Alrededor de mil de las cinco mil 500 familias siguen separadas porque los padres fueron deportados a su país de origen.

En virtud de esta política, los agentes de la Patrulla Fronteriza imputaron penalmente a los padres por haber entrado en EU de manera ilegal, los encarcelaron y colocaron a sus hijos en refugios autorizados por el gobierno en todo el país.

En junio de 2018, un juez federal de California ordenó rescindir la política y reunificar de inmediato a las familias, con el argumento de que la práctica “turba la conciencia” y viola la Constitución.

El presidente Joe Biden se comprometió a indemnizar a las familias tras asumir el cargo. En febrero, su gobierno formó un grupo de trabajo, con representantes de los departamentos de Seguridad Nacional, Salud y Servicios Humanos y Estado, para reunir a las familias migrantes que seguían separadas y determinar cómo reparar el daño causado por la política.

The Wall Street Journal dio a conocer el monto máximo de 450 mil dólares por familiar que se está negociando.

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