La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a la Corte Suprema permiso para terminar el programa Quédate en México, que obliga a miles de personas a aguardar en la frontera mexicana por sus solicitudes de asilo.

Biden indicó al mayor tribunal del país que de continuar la iniciativa se vería obligada “a mantener negociaciones con México para seguir con un controvertido programa que el gobierno ya ha declarado dos veces que no representa sus intereses”.

El programa, cuyo nombre oficial es Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) no es la mejor herramienta para “disuadir la migración”, argumentó el Ejecutivo a la corte.

El programa expone a los migrantes a riesgos inaceptables”, afirmó.

En cuanto a los esfuerzos de Estados Unidos por encontrar soluciones regionales, el programa afecta las negociaciones con otros países.

El MPP resta valor a los esfuerzos de relaciones exteriores del presidente para gestionar la migración regional”, agregó.

En resumen, los tribunales inferiores han ordenado al Departamento de Seguridad que implemente y haga cumplir a perpetuidad el controvertido y efímero programa MPP, y lo han hecho a pesar de las determinaciones del presidente”, agregó el gobierno demócrata.

El programa lo inició el gobierno del expresidente Donald Trump en enero del 2019 y México informó que lo aceptaba por razones humanitarias.

Cuando el presidente Biden llegó a la Casa Blanca el 20 de enero, ese mismo día suspendió MPP y en junio el secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas, lo canceló oficialmente.

Sin embargo, en Texas, el gobernador Greg Abbott impulsó su campaña de reelección en la retórica antiinmigrantes y su oposición a las medidas contra covid-19, y en Missouri demandaron a la administración con el argumento de que no avisó a todas las partes involucradas antes de cancelar el programa.

Esa demanda llegó hasta la Suprema Corte, que ordenó reiniciar el programa hace unas semanas.

La administración Biden consiguió el apoyo de México para restaurar MPP, pero apenas reiniciado el programa, ya enfrenta acusaciones de violaciones a los derechos humanos de migrantes vulnerables.

En este contexto, organizaciones de la sociedad civil han criticado el programa por el riesgo en el que se encuentran los solicitantes de asilo.

Durante 2019, hubo registros de secuestros en la frontera norte de México, de acuerdo con un informe del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).

Tamaulipas, Baja California y Chihuahua fueron los estados donde mayor número de ilícitos se registraron.

Estas agresiones fueron cometidas, en su mayoría, por el crimen organizado y la policía federal.

Del total de las denuncias, 13% pertenecen a mujeres, quienes también sufrieron abusos sexuales, y 38 a familias, de acuerdo con el análisis del programa que se implementó formalmente el 29 de enero de 2019.

En tanto, la organización Amnistía Internacional (AI) ha cuestionado esta estrategia.

Según un recuento realizado tras la activación del programa, 40% de las personas expresaron su temor de regresar a nuestro país.

AI afirmó que las expulsiones violan el derecho internacional.

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