La diputada Aleida Alavez Ruiz, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional para eliminar el arraigo.

En un comunicado explicó que a través de esta figura legal la autoridad judicial puede decretar el arraigo de una persona hasta por 40 días en tanto que se determine necesario para que una investigación tenga éxito, para proteger a terceros o para los casos en que exista riesgo de que la persona inculpada se sustraiga a la acción de la justicia.

Señaló que este plazo de 40 días podría prorrogarse hasta el doble siempre que el Ministerio Público acreditara que subsistían las causas que le dieron origen, sin embargo “la realidad ha sido distinta”.

La legisladora señaló que el arraigo “se ha empleado como forma de sanción penal anticipada, sin que exista una sentencia que haya resuelto su aplicación y sin que se hubiera informado a la persona el delito que se le acusa”.

Comentó que la figura de arraigo siempre ha sido sumamente cuestionada, pues su materialización implica que una persona deberá padecer los efectos de una pena de privación de libertad anticipada.

Recordó que, en ese marco, la Corte Interamericana de Derechos de Derechos Humanos notificó al Estado mexicano, la sentencia pronunciada en el caso Tzompaxtle, Tecpile, y destacó que el deber general del país incluye la adopción de medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a las garantías previstas en la Convención.

“Esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es contra el Estado Mexicano, pero no podemos dejar de señalar que en específico es contra los gobiernos panistas”, dijo.

Declaró que el arraigo ha sido una herramienta no sólo fallida de los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, sino utilizada para sus fines oscuros.

Recordó que en 2009 Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, “y como ya sabemos, desde ahí ejercía el poder y control de todos los órganos impartidores de justicia, para brindar protección a sus patrones narcotraficantes”.

Manifestó que, de acuerdo con testimonios de testigos protegidos, desde el Centro de Investigaciones Federales (CIF) o Casa de Arraigos “se daba protección a narcotraficantes de los cárteles de Sinaloa, Tijuana, Beltrán Leyva y Zetas a cambio de sobornos millonarios en dólares”.

“No es muy difícil concluir que utilizando esta figura hacían y deshacían a su antojo: ya sea castigando a integrantes de bandos contrarios a sus socios, o liberando a culpables a cambio de jugosas sumas de dinero”, declaró.

Foto: Cámara de Diputados