La diputada local Tonantzin Fernández Díaz presentó busca que en Puebla los ataques de ácido o sustancia corrosiva hacia mujeres dejen de ser agravantes del delito para ser juzgados de forma “autónoma” se trate o no de un intento de feminicidio.

En este sentido, propuso un castigo para los agresores de entre 20 a 30 años de prisión y multa de 200 a 500 UMAS, la reparación del daño material y moral a la persona afectada y sea tratado el caso en razón de género.

Pero además que las penas de prisión se aumenten en dos tercios sobre la pena mínima y dos de la máxima en casos como: cuando el agresor con su ataque cause en la víctima daño orgánico en la persona lesionada; cause deformidad permanente, pérdida parcial o total de una función anatómica de la persona; cuando cause deformidad incorregible en el rostro de la víctima.

“Que la alteración o daño haya sido cometido por desprecio a la víctima o por misoginia, también sea juzgado, así como si existen indicios de actos de violencia de cualquier ámbito en contra de la víctima; si existen datos de acoso u hostigamiento sexual”.

Incluso si la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad. Como agravante en caso de que entre el agresor y la víctima haya existido una relación de parentesco sea de sangre, por convivencia, laboral, docente o sentimental y bajo este supuesto se impondrán hasta 30 a 40 años de prisión y multa de 500 a 1000 UMAS.

Lo anterior con la finalidad de visibilizar este tipo de violencia y lograr en Puebla una legislación que garantice el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.