La Comisión de Justicia analiza reformas a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, cuya iniciativa fue presentada por la diputada Lorena Villavicencio Ayala y el diputado Porfirio Muñoz Ledo (ambos de Morena), para asegurar que sean sancionados los integrantes de la delincuencia organizada que utilicen a menores de edad.

Exponen que actualmente, como se encuentra la fracción II del artículo 5 de la citada Ley, difícilmente es aplicada alguna sanción a algún miembro de la delincuencia organizada por contratar o trabajar con niños o convertirlos en “niños soldado”.

Señalan que el texto vigente prevé como agravante que se “utilice a menores de edad”. Sin embargo, consideran que el término “utilizar” implica un estándar probatorio muy alto, dado que en ese caso “se tendría que probar, con base en los criterios del Poder Judicial, que el sujeto activo se aprovecha de la calidad específica del menor de edad, con la finalidad de cometer un ilícito contra la salud”.

Por ello, Villavicencio Ayala y Muñoz Ledo proponen incluir la agravante de que “cuando los delitos se realicen en algún grado de coparticipación con menores de edad”, este hecho sea sancionado. “Ya no podemos ni debemos dejar que los niños sean esclavos del hampa”, afirman.

Argumentan que desde hace ocho años el promedio de vida de un niño en la delincuencia organizada es de tres años.

Mencionan que la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) estima que 30 mil niñas, niños y adolescentes son recluidos por estas células criminales, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que estos menores se involucran en tráfico de droga, secuestro, trata de personas, extorsiones, contrabando, piratería y extorsión.

Una de las razones para reclutar a niñas, niños y adolescentes en el campo de la guerra o dentro de una organización criminal, relatan, es la fabricación de pequeñas y ligeras municiones y armas fáciles de transportar y de utilizar por ellos. Además, pueden desempeñar funciones de apoyo, como ser cocineros, cargadores, mensajeros, espías, o incluso, combatientes.

De acuerdo con el grupo Cauce Ciudadano, actualmente unos 75 mil menores de edad están integrados a grupos de delincuencia organizada y participan abiertamente en sus actividades. Este fenómeno ya se vivió en los años 90 en Colombia, cuando arreciaba la guerra del Estado contra el crimen organizado.

Los grupos delincuenciales han visto una oportunidad en el reclutamiento y entrenamiento de los menores dentro de sus operaciones delictivas. Según expertos, esos niños fueron víctimas de secuestros masivos.

En otros casos, sus familias recibieron amenazas para obligarles a trabajar para los delincuentes; algunos más se unieron por miedo o porque era su única alternativa de empleo, en el menor de los casos, los adolescentes deseaban unirse a las bandas.

El artículo 5º actualmente señala el aumento de penas hasta en una mitad a miembros de la delincuencia organizada cuando utilicen a menores de edad o incapaces para cometer cualesquiera de los delitos a los que se refiere esta Ley, y con la adición sería: “así como cuando los delitos se realicen en algún grado de coparticipación con menores de edad”.

La iniciativa también fue remitida, para opinión, a las comisiones de Derechos de la Niñez y Adolescencia y a la de Seguridad Pública.