La senadora Eunice Renata Romo Molina presentó, a nombre propio y de la senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez, una iniciativa por la que modifica la Ley General de Archivos para potencializar el derecho a la verdad, dotarle de un contenido pleno y, sobre todo, establecer mecanismos que permitan su ejercicio eficaz.

Asimismo, la integrante del Grupo Parlamentario del PES informó que los cambios de esta propuesta establecen un mecanismo llamado ajustes razonables que servirá como herramienta para hacer válido el derecho a la información, a la memoria histórica, a la verdad y garantizar la igualdad de acceso y no discriminación a las personas en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad o personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas.

La propuesta busca incorporar definiciones ausentes al ordenamiento jurídico y modificar conceptos para que sean acordes a los tiempos actuales, lo cual ayudará a ajustarlos con las normativas nacionales e internacionales, y evitar malas interpretaciones.

También, busca ponderar la técnica archivística comprendiéndola como una disciplina autónoma y valorando el papel que juegan los archivos en el desarrollo democrático como sustento de la transparencia, del acceso a la información y de la rendición de cuentas.

Propone un lenguaje incluyente para visibilizar a las mujeres como protagonistas de la vida pública y abonar a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

En cuanto al derecho a la verdad, se adiciona un Título Tercero: De la Garantía del Derecho a la Verdad a través de los Archivos, el cual establece que los archivos serán un instrumento para garantizar el pleno derecho de acceso a la vedad y para la construcción de una memoria histórica.

Las autoridades tendrán el deber de preservar la evidencia documental para garantizar el derecho a la verdad y el derecho a la información, como garantías de toda la sociedad. En el caso de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, el derecho a la verdad coexistirá con el derecho a la justicia, a la reparación del daño y la no repetición.

Además, la Ley actual establece un plazo de 70 años en los que no se podrá acceder a archivos de concentración que contengan datos sensibles, por lo que esta propuesta plantea reducir su caducidad a 30 años, esto con el objetivo de evitar la vulneración del derecho a la verdad.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Archivos, fue turnada a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.