A fin de generar políticas públicas encaminadas a reducir el desperdicio de alimentos que presenten condiciones óptimas para el consumo humano y puedan ser donados a personas en situación de vulnerabilidad, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) impulsa una iniciativa que reforma las leyes General de Desarrollo Social y de Desarrollo Rural Sustentable.

Establece que la política nacional de desarrollo social tendría como objetivo promover y coordinar programas entre las secretarías del Ejecutivo Federal y de las entidades federativas, la Ciudad de México, municipios o alcaldías, organizaciones de la sociedad civil y del sector privado productivo o comercial, para reducir el desperdicio de alimentos.

Sugiere como ejes rectores del manejo de sus productos o derivados, el prevenir y destinar los alimentos que se encuentran en una etapa previa de caducidad o que puedan considerarse aptos para el consumo humano para su donación o transformación.

También, promover acciones entre los tres órdenes de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y las cadenas comerciales de la prevención de pérdida o desperdicio o excedentes de alimentos, en aras de contribuir a su asignación gratuita a personas que lo necesiten, bajo normas de calidad, higiene y seguridad alimentaria.

De igual modo, promover incentivos o estímulos con el sector privado o productivo para la reducción de desperdicio de alimentos, así como la donación constante hacia la población de territorios con rezago social o en situación vulnerable.

Además, promover entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad, la concientización del desperdicio de alimentos, el reciclaje y la reutilización de productos que pueden contribuir al medio ambiente y los recursos naturales, especialmente en el sector educativo.

El documento, enviado a las comisiones de Bienestar y de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, menciona que datos del Banco de Alimentos de México (BAMX) señalan que un tercio del alimento producido se desperdicia, lo que equivale a 38 toneladas por minuto, que bien podrían alimentar a 25.5 millones de personas con carencia alimentaria.

Refiere que el artículo 4º de la Constitución Política señala que “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.

Menciona que por los estragos que ha dejado la pandemia, muchas personas han padecido la pérdida de empleos o la disminución de sus ingresos familiares, por lo que la política social a través de sus entes públicos debe evitar el desperdicio de alimentos, que pueden ser en beneficio de las personas que carecen de alimentación adecuada, así como fomentar la reutilización de sus derivados en aras de disminuir las desigualdades sociales.

Foto: Cámara de Diputados