Para proteger los derechos de los usuarios de las aerolíneas comerciales, al considerar de interés social la Ley de Aviación Civil y facultar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que conozca de las controversias, quejas e inconformidades que los pasajeros presenten contra las aerolíneas y actúe dentro del marco de sus atribuciones, se plantean reformas.

Con cambios a diversas disposiciones de las leyes de Aviación Civil y Federal de Protección al Consumidor, también busca que los pasajeros con discapacidad, sin pago de ninguna tarifa, puedan ser acompañados de un familiar hasta en tercer grado mayor de edad que los auxilie, por lo que el concesionario o permisionario estaría obligado a expedir sin costo alguno a favor de dicho familiar el boleto y pase de abordar.

Situación similar establece para el pasajero mayor de edad para que pueda llevar a un menor de hasta seis años de edad descendiente por consanguinidad de primer grado en línea recta a su cuidado o tutoría, el cual contará con derecho a asiento contiguo y franquicia de equipaje.

La propuesta, enviada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen, y a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para opinión, señala que el incumplimiento de lo anterior ameritaría revocación del permiso o la concesión.

También plantea eliminar la fracción que establece que en caso de que el pasajero decida viajar sin equipaje, el concesionario o permisionario podrá ofertar una tarifa preferencial en beneficio del pasajero.

Menciona que la Profeco deberá implementar, administrar y operar módulos digitales en los aeropuertos del país para que exclusivamente los usuarios del servicio aéreo puedan formular sus inconformidades y quejas en contra de los concesionarios o permisionarios, a efecto de iniciar las carpetas de investigación correspondientes y su seguimiento respectivo.

Destaca que a pesar de ser uno de los servicios con mayor número de legislaciones y regulaciones a nivel mundial, en México aún hay un gran margen de vacíos legales para la prestación de este servicio, lo cual las aerolíneas aprovechan para incrementar los precios de insumos y tarifas de manera dolosa y ventajosa perjudicando a los usuarios.

Argumenta que, si bien la legislación nacional ha permitido a las aerolíneas fijar tarifas para la prestación del servicio de transporte aéreo, ellas han abusado reiteradamente del denominado “principio de libertad tarifaria” lo que ha devenido en situaciones desagradables para los usuarios, disgustos, retrasos en vuelos y, por supuesto, gastos no contemplados para los mismos.

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