La diputada María Leticia Chávez Pérez (MC) presentó una iniciativa para que el Estado adopte medidas dirigidas a los educandos afectados por la suspensión de actividades escolares derivada de declaratorias de emergencia sanitaria, o por causas fortuitas y de fuerza mayor.

Asimismo, que las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementen políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género para evitar el abandono o la falta de continuidad de los estudios, a fin de prevenir el rezago educativo de las niñas, niños y adolescentes, dando prioridad a las escuelas de alta marginación pertenecientes a las poblaciones rurales, indígenas o en situación de vulnerabilidad.

La propuesta de reformas a las leyes General de Educación y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, precisa que en caso de suspensión de actividades escolares a causa de una declaratoria de emergencia sanitaria o por causas fortuitas y de fuerza mayor, una vez que éstas sean superadas y restablecidas, las autoridades educativas deberán realizar una evaluación diagnóstica a los educandos.

Lo anterior, con el propósito de regularizar el aprendizaje y estudio de los mismos, mediante la adopción de medidas que permitan enmendar las afectaciones provocadas por la suspensión y evitar todo rezago en el avance educativo.

Adicionalmente deberán adoptar las medidas para garantizar la permanencia en el Sistema Educativo Nacional de las niñas y adolescentes o jóvenes, especialmente de quienes se encuentren en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, rurales y en pueblos y comunidades indígenas, o que tengan mayor posibilidad de rezago o abandono escolar.

La iniciativa, enviada a las comisiones unidas de Educación y de Derechos de la Niñez y Adolescencia, también considera que en los programas que emita la Federación se garantizará la existencia de baños bajo un enfoque de perspectiva de género, accesibilidad, inclusividad e higiene.

Destaca que un estudio realizado por México Evalúa y el Tecnológico de Monterrey reveló que luego del cierre de escuelas, más de medio millón de estudiantes abandonaron sus estudios y México perdió aproximadamente un año de aprendizaje. La mayor deserción escolar se observó a nivel preescolar y medio superior, y las escuelas privadas enfrentaron la mayor reducción de su matrícula, -26 por ciento, con una pérdida de más de 250 mil estudiantes.

Ante ello, considera necesario asegurar a plenitud el derecho a la educación, la igualdad sustantiva y el respeto a la dignidad de todas las personas. “La educación se debe dar bajo el principio de inclusión y son las niñas, los niños y adolescentes la prioridad en toda política pública en la materia”.

Foto:Cámara de Diputados