La senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano propuso que para garantizar el desarrollo de un juicio político, los servidores públicos que omitan acciones que obstaculicen el desahogo de denuncias puedan ser sancionados por faltas administrativas no graves.

Mediante una iniciativa que reforma la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la legisladora de Morena señaló que, a pesar de los grandes avances en el combate a la corrupción y la impunidad, siguen existiendo pendientes.

Indicó que hay temas que a lo largo del tiempo no han sufrido grandes modificaciones acordes a la coyuntura social, política y económica. “Uno de estos paradigmas, casi intocable, tiene que ver con la responsabilidad política de los servidores públicos”, apuntó.

La senadora explicó que si bien se han llevado reformas de gran calado contra el combate a la corrupción y la impunidad, esas adecuaciones difícilmente han impulsado el establecimiento de sistemas que vigilen y sancionen las responsabilidades de los servidores públicos. Resulta paradójico que contemos con una figura constitucional que realiza una función de control de poder y no la ejerzamos plenamente, expresó.

Abreu Artiñano dijo que todos hemos sido testigos de actos u omisiones por parte de servidores públicos que han dañado a las instituciones democráticas, por lo que figuras como el juicio político, requiere una revisión y transformación en su procedimiento, pues no ha cumplido cabalmente con el objeto para el cual fue creado.

Refirió que en la actual legislatura existe un rezago de 356 procedimientos pendientes de juicios políticos en la Cámara de Diputados, acumulados en los últimos 15 años.

Consideró que su propuesta de reforma podría convertirse en una garantía de procedencia, al establecer sanciones administrativas como medidas de cumplimiento del Estado de derecho.

Asimismo, agregó, reforzaría la participación ciudadana en el sistema de pesos y contrapesos al fortalecer una herramienta que vigila el trabajo de los servidores públicos.

La iniciativa fue enviada a las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos Segunda.