La diputada Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia (PRD) impulsa una iniciativa para adicionar el Código Penal Federal, a fin de establecer que se le impondrá una pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días de multa a quien cometa el delito de reclutamiento con fines ilícitos.

Las adiciones de los artículos 201 Bis 1 y 201 Bis 2 de dicho ordenamiento señalan que “comete el delito de reclutamiento con fines ilícitos quien instigue, induzca, obligue y/o reclute a personas menores de dieciocho años de edad o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo a realizar conductas relacionados con grupos armados y/o de la delincuencia organizada”.

También precisa que se entenderá por reclutamiento con fines ilícitos cuando “se ofrezca alguna dádiva o retribución económica por su participación en alguna actividad delictiva, o se condicione la prestación de algún servicio médico, de salud, educativo, asistencial o laboral a cambio o a través de su participación en alguna actividad delictiva”.

Asimismo, cuando se amenace con causarle algún tipo de daño físico o emocional a las personas menores de dieciocho años de edad o a las que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo.

El documento argumenta que actualmente en México no existe una tipificación específica para el delito de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes, lo que representa un serio riesgo para este sector, por lo que es importante modificar el Código Penal Federal con la finalidad de que éste sirva como herramienta para la prevención del reclutamiento.

Cita estudios recientes que revelan la proliferación de fenómenos de violencia en estados donde la inseguridad y las actividades de los grupos delincuenciales son cotidianas, incrementándose los hechos relacionados con el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

Existen datos que indican que entre 35 mil y 460 mil niños, niñas y adolescentes son reclutados bajo la promesa de que tendrán dinero, mejores condiciones de vida y cierto poder, pero también por amenazas y violencia física y psicológica, añade.

El fenómeno de violencia y reclutamiento de jóvenes en nuestro país “sigue siendo una deuda por subsanar, pues no se está logrando el objetivo de proteger a la niñez y a la juventud de la violencia”. Por ello, es fundamental combatir este problema social y atacar sus causas estructurales, señala.

La iniciativa será dictaminada por la Comisión de Justicia, con la opinión de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Foto: Cámara de Diputados