Imponer sanciones de 10 a 14 años de prisión y multas de mil a dos mil días de salario mínimo a quien cometa el delito de robo estando la víctima bordo de en un vehículo del servicio público de transporte, servicio mercantil de personas o partículas, fue la propuesta que presentó la diputada María del Carmen Cabrera Camacho en el Pleno de la LX Legislatura del Congreso del Estado.

Al hacer el uso de la palabra en la tribuna, la diputada precisó que el delito de robo a diferentes vehículos ha sido una constante que ha venido en aumento en agravio de los usuarios diariamente y la violencia con la que se cometen estos delitos también ha crecido de manera exponencial.

En este contexto, resaltó que la iniciativa busca disminuir la posibilidad de que las personas que cometan el delito de robo contra ocupantes de un vehículo se les apliquen los beneficios de la ley, por el contrario que se les sancione con la privación de la libertad.

La Iniciativa de Decreto consiste en adicionar el artículo 380 del Código Penal del Estado, misma que fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución.

En otro momento del orden del día, la diputada Cristina Tello Rosas, propuso una reforma al Código Penal del Estado, para que los delitos como: corrupción a menores y pornografía infantil, sean sancionados, toda vez que el abuso sexual constituye una de las formas más graves e insuficientemente atendidas de violación, quedando muchas veces en la impunidad por la dificultad que implica su detección y efectiva atención.

De la misma forma explicó que cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de cualquiera de los delitos sexuales, así como de delito de corrupción a menores e incapaces o de personas que no se puedan resistir será castigada de dos a siete años de prisión.
La Iniciativa de Decreto consiste reformar los artículos 128 bis y 278 octies del Código Penal misma que fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución.

En otro punto, la diputada María del Carmen Saavedra Fernández, presentó una Iniciativa de Decreto para adicionar el Código Civil con la finalidad de garantizar el derecho de los alimentos de los infantes, derivado de una ascendencia de juicios, sobre el reconocimiento de paternidad, el cual debe ser retroactivo al nacimiento del menor.

Resaltó que el negar el pago de los alimentos retroactivos que se deben en virtud de los deberes de paternidad, por el simple hecho de ser una persona mayor de edad, es violatorio del interés superior de la niñez y de los principios de igualdad y no discriminación.

La Iniciativa de Decreto fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución.

Al hacer uso de la Tribuna, con un punto distinto, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia presentó una Iniciativa de Decreto para reformar el Código Civil a fin de que se respete el derecho de opinar de los menores para decidir si el apellido de la madre queda en primer término después de un reconocimiento de paternidad.

En la reforma se incluye que “el Juez de oficio dará vista a la o el menor para que pueda opinar sobre el orden de sus apellidos en su nombre y garantizar que no se vulnere su derecho a la identidad”.
La Iniciativa de Decreto fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución.

En un punto diferente de la sesión del Pleno, el diputado Raúl Espinosa Martínez, presentó una iniciativa de Decreto para reformar el artículo 357 del Código Penal del Estado, en materia de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

La Iniciativa de Decreto fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución.

Por otra parte, y en tribuna, la diputada Guadalupe Esquitín Lastiri presentó la Iniciativa para reformar el Código Civil, con el propósito de profesionalizar y dar facultades a los Jueces del Registro Civil de los Municipios y Juntas Auxiliares para resolver procedimientos de registro de personas mayores y de aclaración de actas.

Ejemplificó que cuando una persona necesite hacer una aclaración de un dato mal asentado en su acta de nacimiento o llevar a cabo un registro de una persona mayor de edad, tiene que viajar a la capital poblana para hacer el trámite, por lo que se busca poner fin a esta problemática.

La Iniciativa de Decreto fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución.