La Cámara de Diputados aprobó, por 440 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, reformas a las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, para establecer que las personas trabajadoras asalariadas permanentes o temporales en actividades del campo, accederán a la seguridad social.

El dictamen a la minuta, enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, reforma diversos artículos de ambas leyes.

Estipula que el trabajo del campo deberá fijarse mediante contrato por escrito, siempre que una persona se obligue frente a otra a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios, de manera subordinada y mediante el pago de un salario.

Señala que las condiciones de trabajo deberán constar en dicho contrato y establecerán los mecanismos acordados para informar a las personas trabajadoras del campo acerca de las autoridades del trabajo y servicios sociales a las que se podrán acudir cuando consideren que sus derechos han sido menoscabados, a fin de ejercer la acción legal conducente.

Añade que todas las personas trabajadoras del campo deberán contar con un ejemplar del contrato de trabajo. La falta del escrito del contrato de trabajo no priva a las personas trabajadoras del campo de los derechos que deriven por los servicios prestados, y será imputable a la persona empleadora la falta de esa formalidad.

En materia de seguridad y salud, precisa que las personas empleadoras tienen obligaciones como suministrar gratuitamente a los trabajadores habitaciones adecuadas e higiénicas, con agua potable, dotadas de piso firme y proporcionales al número de familiares o dependientes económicos que los acompañen y, en su caso, un predio individual o colectivo, para la cría de animales de corral.

Asimismo, proporcionar a las personas trabajadoras del campo, durante la jornada de trabajo, alimentación sana, suficiente y variada; agua apta para consumo y uso humano, en cantidad suficiente y servicios sanitarios adecuados e independientes a cada sexo, en cantidad suficiente y proporcional al número de personas. Además, asistencia médica o trasladarlos al lugar más próximo en el que existan servicios médicos.

Precisa que a la persona empleadora que viole las normas protectoras del trabajo del campo, se impondrá multa por el equivalente de 250 a 2500 veces la Unidad de Medida y Actualización, cuando no conste por escrito el contrato de trabajo y no lleve o sea deficiente el registro especial de las personas trabajadoras temporales.

De 250 a 2500 veces la UMA, cuando no proporcione habitaciones o estas no cuenten con las condiciones mínimas requeridas; no proporcione alimentación, agua y sanitarios, educación, traslado seguro y cómodo, servicios de guardería y no observe las disposiciones protectoras de las trabajadoras.

El documento resalta la importancia de reconocer y ampliar los derechos laborales de las personas trabajadoras del campo, ya que quienes se dedican a labores agrícolas y ganaderas desempeñan un papel fundamental en la producción de alimentos y el sostenimiento de comunidades rurales y realizan una variedad de tareas.

Considera que para lograr una agricultura más equitativa y sostenible, se deben salvaguardar, respetar y proteger los derechos y brindar seguridad social a los trabajadores, independientemente de la naturaleza temporal o informal de su empleo.

Se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad

El diputado Arturo Bonifacio De la Garza Garza (MC) señaló que las y los trabajadores del sector rural se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad a causa de los bajos ingresos que obtienen de las carencias sociales que padecen y que reproducen una dinámica de pobreza y falta de acceso a los derechos fundamentales.

Comentó que, de acuerdo con el Inegi, más del 60 por ciento de los trabajadores de este sector cuentan con 40 años o más, y casi el 10 por ciento tiene entre 70 y 85 años. Además, los sueldos que se pagan son de aproximadamente 18.5 pesos por hora trabajada y tan solo 7 de cada cien trabajadores obtienen un aguinaldo y la mayoría no son afiliados a las instituciones de seguridad social.

Justicia social para la gente que trabaja en el campo

En tanto, el diputado Mariano González Aguirre (PRI) subrayó que el dictamen es un tema de justicia social para la gente que trabaja en el campo, a los jornaleros agrícolas, quienes han sido parte fundamental de la agricultura mexicana desde tiempos prehispánicos.

Mencionó que la globalización y la apertura comercial transformaron la agricultura mexicana aumentando la demanda de trabajo estacional y migratorio. Resaltó que los jornaleros suelen enfrentar largas jornadas de trabajo, bajos salarios y condiciones precarias, muchos carecen de acceso a la seguridad social, de beneficios laborales y de condiciones de trabajo seguras.

Reserva

La diputada Susana Prieto Terrazas (Morena) presentó reservas a diversos artículos, que fueron desechadas. Reconoció que los trabajadores del campo han sido golpeados más que los trabajadores de la ciudad, pero “hay situaciones concretas en este dictamen que no van a poder consumarse”.

Foto: Cámara de Diputados