La Cámara de Diputados aprobó con 448 votos a favor, una abstención y ninguno en contra, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10, fracción I, inciso e), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, señala que la reforma planteada es para establecer que las penas por el delito de secuestro se agravarán en contra de las personas que sufren alguna discapacidad.

En el dictamen reconoce la preocupación que hay en torno al delito del secuestro, porque es un delito grave, de resultado material y permanente, complejo, de difícil investigación, que no reconoce fronteras o regiones y que afecta no sólo a las personas con capacidad económica, sino también a aquellas otras con menores recursos.

Es de los delitos que más afecta al país

Al posicionar el dictamen, la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (Encuentro Social) dijo que este dictamen tiene por objeto sancionar el secuestro de personas con discapacidad.

“Sancionar el secuestro de una persona resulta fundamental, porque es una conducta que daña gravemente la libertad de las y los ciudadanos; es uno de los delitos que más afecta y preocupa a la población en México”, recalcó.

Expresó que el secuestro es uno de los delitos que mayor afecta a nuestra sociedad, la conducta repercute en un fuerte impacto físico, moral en las victimas pues los plagiarios desbordan crueldad hacia ellas entre estos golpes, amenazas, sometimientos y violencia extrema.

El secuestro ha destruido el tejido social

Al fijar su posicionamiento, la legisladora Claudia Báez Ruiz (Morena) señaló que el secuestro es uno de los delitos que mayor daño ha ocasionado al país; ha destruido el tejido social, vulnerado los derechos humanos de muchas y muchos mexicanos y ha atemorizado a la sociedad por largos lapsos de tiempo.

Comentó que el dictamen tiene por objeto sancionar con mayor celeridad el secuestro en contra de personas que sufren alguna discapacidad física, mental, intelectual o sensorial; lo anterior, al considerar que las personas con discapacidad son más vulnerables por lo que se requiere un marco legal de protección diferenciado al resto de la población.

“En el país viven aproximadamente 7.1 millones de personas con alguna discapacidad, quienes representan aproximadamente el seis por ciento de la población total”, agregó.