La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, reformar los artículos 28 y 243 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política, con el objeto de establecer que en el caso de que el Poder Judicial de la Federación requiera utilizar los servicios públicos de correos y telegráficos, deberá cubrir el costo correspondiente, conforme a su presupuesto asignado para tal fin.

El dictamen, enviado al Senado, se aprobó en lo general y en lo particular por 217 a favor, 158 en contra y cero abstenciones los artículos no reservados.

Y con 211 votos a favor, 152 en contra y cero abstenciones, se avaló en lo particular y en términos del dictamen, las reservas al título, al proemio y a los artículos 28, 243, Primero, Segundo y Tercero Transitorios del dictamen.

Dichas reservas fueran presentadas por diputadas y diputados del PT, MC, PRD y PAN.

La reforma impone multa de 100 a mil días si los jefes o encargados de las oficinas públicas de comunicaciones se niegan a recibir o transmitir los mensajes de referencia, excepto por el no pago derivado de la prestación de los servicios públicos de correos o telegráficos al Poder Judicial de la Federación.

En los artículos transitorios se establece que “el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y que se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto”.

Agrega que en un plazo de 120 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Servicio Postal Mexicano y Financiera para el Bienestar, respectivamente, y los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación que conozcan de los juicios de amparo deberán firmar los contratos de prestación de servicios correspondientes, en los que se determinarán la forma, el plazo y la modalidad en que estas autoridades realizarán el pago por la prestación de los servicios públicos de correos o telegráficos.

Falso, que se quiera debilitar al Poder Judicial

De Morena, el diputado Leonel Godoy Rangel dijo que el objetivo es fortalecer el servicio de correos y telégrafos a través de dos empresas estatales, por lo que es falso decir que lo que se quiere es debilitar al Poder Judicial. “El dictamen sólo persigue fortalecer a estos dos grandes servicios que requiere el pueblo y fortalecer a las empresas públicas”.

Expuso que de 2006 al 2023 Correos de México dejó de recibir 310 millones de pesos, y Financiera para el Bienestar (FINABIEN) más de siete mil millones de pesos. Llamó a votar a favor del dictamen, y puntualizó que “en el fondo está una política neoliberal, privatizadora que buscó y seguirá buscando privatizar todo; eso es lo que está en el fondo. No tiene nada que ver el presupuesto del Poder Judicial de la Federación”.

Uso de servicios por parte del Poder Judicial tendrá costo

Por el PAN, la diputada Lizbeth Mata Lozano relató que SEPOMEX y FINABIEN son las únicas entidades del Estado mexicano en las que recaen de manera exclusiva las áreas estratégicas referentes al servicio público de correos y telégrafos. Además, SEPOMEX está en una situación financiera difícil, ya que sus ingresos propios no han sido suficientes para cubrir los gastos totales.

Sin embargo, dijo, desmantelar al Poder Judicial no es la solución. Ambas instituciones están obligadas al cumplimiento de la prestación de servicios previstos en la Ley. Es evidente la necesidad del Poder Judicial de comunicar y el de ambas instituciones de prestar el servicio.

Ahora, el uso de los servicios telegráficos por parte del Poder Judicial tendrá un costo o habrá negativa si no generan un costo.

Se pretende debilitar al Poder Judicial Federal

En su oportunidad, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria (PRI) dijo que votarán en contra porque es una reforma que pretende atacar o debilitar al Poder Judicial Federal y porque es lamentable que en lugar de discutir reformas importantes que están en comisiones para mejorar el sistema de justicia “estemos discutiendo ésta que no tiene trascendencia”.

Puntualizó que lo que se debería hacer es ver cómo mejorar el sistema de justicia. Lamentó que se invierta tiempo en estos casos que en nada mejoran a dicho sistema. “Hoy se usa el sistema de justicia sólo para perseguir a los opositores, para judicializar la política. Hoy nos convocaron sólo para esta iniciativa, por un capricho del oficialismo y por eso vamos a votar en contra”.

Reducir carga económica

La diputada María del Rocío Corona Nakamura (PVEM) argumentó que a lo largo de su historia el Servicio Postal Mexicano ha sido más que un sistema de entrega, pues ha representado el puente que une a personas, comunidades y empresas en el territorio, e incluso más allá de las fronteras. “Que siga siendo un bastión de conectividad y progreso”.

Mencionó que el dictamen propone reducir la carga económica sobre los organismos descentralizados como SEPOMEX y FINABIEN, entidades del Estado responsables de las áreas estratégicas referentes al servicio público de telégrafos, pues los ingresos que generan a través de la venta de productos no han sido suficientes para cubrir los gastos totales de operación.

No se afecta al Poder Judicial

La diputada Mary Carmen Bernal Martínez ((PT) opinó que la reforma no afectará la operación del Poder Judicial, ni violenta el principio de gratuidad, ni de que la justicia sea pronta y expedita, porque se fortalecerá una de las instituciones más importantes del país.

Puntualizó que ahora este Poder se hará cargo de sus pagos y de sus comunicaciones oficiales. “Esta reforma no es gravosa”. Agregó que es falso que se quiera dejar inoperante a este Poder ya que cuenta con los recursos suficientes para poder funcionar. “Estamos en contra del despilfarro y las malas costumbres”.

Se menoscaba la integridad de un poder del Estado

Mirza Flores Gómez, diputada de MC, expresó que a 37 años de su creación la institución ha sido olvidada y relegada, y ahora se busca que el Poder Judicial pague con el dinero que ya no tiene y ese se realice en favor del Servicio Postal Mexicano.

Indicó que en lugar de promover reformas que garanticen la viabilidad financiera, la modernización y la calidad en el servicio de SEPOMEX se busca “venganza presupuestal a un poder del Estado y menoscabar los derechos humanos de las personas empezando con una justicia pronta, expedita, gratuita, completa e imparcial. Estamos en contra porque menoscaba la integridad de un poder del Estado”.

Incrementará el costo en el uso de correos y telégrafos

La diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) lamentó la discusión del dictamen y señaló que la propuesta afectará a las y los ciudadanos al incrementar el costo en el uso de correos y telegráficos. Mencionó que el recorte por más de seis millones que se pretende hacer merma las capacidades del Poder Judicial.

Puntualizó que el Poder Judicial se ha convertido en la única y última trinchera para la defensa de la democracia, por lo que “no permitirán que un régimen dictatorial transcriba lo que son los derechos de las y los ciudadanos”, por lo que anunció el voto en contra de su grupo parlamentario.