La Secretaría de Gobernación, por medio de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia Penal, capacitó a mil 94 elementos navales de la Secretaría de Marina (Semar), a fin de fortalecer los conocimientos en el actuar como primera autoridad con funciones de seguridad pública para realizar una detención ante un hecho probablemente constitutivo de un delito.

Durante la clausura del curso, la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, enfatizó que el actuar del primer respondiente es la clave para el Sistema de Justicia Penal, pues es la primera autoridad con funciones de seguridad pública en el lugar de la intervención, a quien le compete corroborar la denuncia, localizar, descubrir o recibir aportaciones de indicios o elementos materiales probatorios para realizar con estricto apego a derechos humanos las detenciones en caso de flagrancia.

Asimismo, destacó que con estas capacitaciones se busca fortalecer el Sistema de Justicia Penal en el país, que es una prioridad para la Secretaría de Gobernación y para la agenda pública de este gobierno.

En la capacitación ‘El ABC de las detenciones’, estuvo presente la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, Paulina Téllez Martínez, quien mencionó que el propósito de este curso es fortalecer los conocimientos de los elementos, de tal manera que se respeten los procesos legales de los primeros respondientes ante un posible delito.

Con ello, las y los participantes podrán apegarse a los principios constitucionales que aseguran los derechos de las probables personas imputadas, así como un debido proceso.

Por su parte, el subjefe administrativo del Estado Mayor General de la Armada de la Semar, Benito Galeana Abarca, en representación del s ecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, enfatizó que la profesionalización constante es una prioridad, en temas torales como la protección de los derechos humanos.

En ese sentido manifestó que “el conocimiento es una de las herramientas más poderosas que hay en la humanidad”.

En este curso las ponencias fueron impartidas por especialistas del Sistema de Justicia Penal de todo el país, como jueces federales y locales; secretarios de Gobierno; procuradores generales de Justicia; personas servidoras públicas adscritas a instituciones de seguridad pública; la academia, barras y colegios de abogados, así como organizaciones de la sociedad civil.