Cerca del 85% de los mexicanos carecen de una oportunidad o algún tipo de crédito para adquirir una vivienda digna y como consecuencia, viven en espacios compartidos con otras familias, lo que provoca que se dé un hacinamiento importante en asentamientos irregulares.

Es muy fácil pensar que la problemática de la vivienda es un tema reciente, sin embargo, la aplicación de políticas históricamente fallidas en algunos de los casos, nos ha traído a este problema hoy, en donde tenemos cerca de un déficit del 30% a nivel nacional y que representa alrededor de 9 millones de casas, señaló Jorge Rosete Espinosa, Secretario Académico del Decanato de Artes y Humanidades de la UPAEP.

Ante esta situación, acotó que es importante dejar de depender de visiones unilaterales de lo que debe ser el crecimiento urbano de la ciudad, debemos dejar a un lado ideas sexenales o trianuales que puedan modificar los usos de suelo a conveniencia de inversores o de terceros, es importante que los ciudadanos y la sociedad civil organizada, participe en la toma de decisiones.

Además de identificar las áreas de oportunidad y, en estos momentos de elecciones es importante conocer si nuestros representantes estarán verdaderamente representando los intereses de la mayoría en términos de vivienda o no y los planteamientos que ellos tienen para la regulación o las nuevas legislaciones que se requieren para abatir esta carencia que hay en nuestro país, de contar con viviendas dignas, refirió el académico.

De igual forma, dijo que el contar con una vivienda digna en México, no es sólo un tema de seguridad social, sino que es un tema incluso de derecho, de derechos humanos, ya que está considerando este asunto en las cartas de la Organización de las Naciones Unidas, en la Agenda 2030, es decir, es un derecho humano básico.

Rosete Espinosa, también catedrático de la Facultad de Arquitectura de la UPAEP, indicó que para comprender esta problemática social es importante hacer un recuento histórico que va desde la época porfirista hasta los tiempos actuales recientes.

Agregó que en “los años de 1900, la mayoría de la población era rural, el 10% de la población en México vivía en zonas urbanas, lo que representaba sólo 13.5 millones en todo el país, que realmente no representaba una problemática de la vivienda en México, hasta la llegada de la industrialización del país, que trajo varias demandas sociales”.

Dijo que en 1917 en la Constitución es cuando se manifiesta esta necesidad de que la gente debe contar con una vivienda digna, además de que se comienza a dejar esta responsabilidad de atender estos asuntos de construir viviendas en manos de la iniciativa privada. Agregó que parte de estas investigaciones históricas son obra de Alfonso Iracheta y de José Antonio Leal, investigación muy profunda sobre la política pública orientada hacia el tema de la vivienda en nuestro país.

Asimismo, manifestó que una segunda etapa de la política pública de la vivienda se puede observar con la industrialización de la república, en donde a partir de 1940 y hasta 1970, las grandes empresas comienzan a situarse cerca de los centros urbanos y empieza a generar una migración fuerte interna del campo a la ciudad, y cerca de 6 millones de personas migraron de su condición rural a la urbana. Y en este caso, comentó que ni el estado y las ciudades estaban listos para recibir este incremento de población importante, lo que rebasa la capacidad de producir viviendas dentro de las zonas urbanas.

Compartió que este crecimiento de población en las zonas urbanas se registró en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla y así paulatinamente en otras ciudades, para llegar a los años 70’s en donde la migración interna del país se mantuvo constante y registró también un retraso en las políticas públicas para la vivienda de 25 años aproximadamente para dar respuesta a este fenómeno que se estaba presentando.

Rosete Espinosa, externó que para finales de los años 70’s el gobierno hace conciencia de la problemática que se estaba viviendo, y comienzan a surgir instituciones como el Infonavit y Fovi, para ir abatiendo el déficit de vivienda que se estaba presentando.

Advirtió que en esos momentos las políticas públicas para la vivienda, se comienzan a utilizar como medios de corporativismo político, es decir, los primeros que tienen acceso a estos créditos son las corporaciones de trabajadores afiliados al partido que en ese momento gobernaba en el país. “Dando paso a una especie de clientelismos con el tema de la vivienda y así podemos ver las diferentes variantes que se han presentado al respecto, hasta nuestros días”.

Jorge Rosete señaló que en los tiempos actuales, la política de vivienda se basa principalmente en la planeación urbana, pero que al priorizar el mercado inmobiliario la planeación se ha vuelto discrecional, ya que no hay una visión de largo plazo; y se presenta una visión cortoplacista en donde el mercado es quien controla el crecimiento de las manchas urbanas y este control que tenía el gobierno en su momento con los instrumentos de planeación legales para tal fin, se han diluido, ya que ahora es la iniciativa privada la que determina en dónde se generan los desarrollos inmobiliarios, y muchos de ellos son a las afueras de la ciudad.

Por lo tanto, advirtió que a lo largo de los años y por la cantidad masiva de construcción de viviendas en el país, se ha reducido el tamaño de las casas que iba de los 90 metros cuadrados mínimo en los años 70’s, hasta los 36 o 40 metros cuadrados actualmente y que representa lo que se conoce hoy como un “pie de casa”, en donde la calidad espacial no es adecuada y la convivencia familiar es complicada.

En ese sentido, Rosete Espinosa subrayó que los retos que vienen en los próximos años en política de vivienda; comenzando porque ésta no puede ser tajante y limitante ya que provocaría un caos más que soluciones.

Enfatizó que en estos momentos de elecciones, es importante sentarse con los candidatos a un cargo público de elección y preguntarles cuáles son sus expectativas con respecto al tema de vivienda a nivel nacional y qué debe estar contemplado en un plan nacional de desarrollo que pasa por el ejecutivo y por las legislaciones para irlo enriqueciendo y dar respuestas concretas a los ciudadanos y sociedad en general para cubrir estas necesidades.

Y dentro de estos cambios están también los cambios demográficos en el país y del crecimiento de adultos mayores en México, por lo que es importante cambiar los modelos de diseño de las viviendas para dar atención a este mercado; así como la migración interna y cambios de residencia de las personas y los programas de apoyo que hay hasta el momento para poder adquirir una vivienda nueva.

Apuntó que el mercado de la vivienda, institucional o particular, está orientado al trabajador formal, y todos aquellos que no están inscritos a un modelo en donde tenga que hacer sus pagos de compromiso social, no puedan tener acceso a la compra de este tipo de viviendas, y alrededor del 85% de los mexicanos se encuentra por debajo de los ingresos mínimos necesarios o simplemente no tiene acceso a estos medios de comprobación de ingresos para poder ser aspirante a una vivienda digna.

Lamentó que este 85% de mexicanos que carecen de una oportunidad para adquirir una vivienda, lo tenga que hacer en espacios compartidos, lo que está provocando hacinamiento entre las familias, es decir, “dos o tres familias suelen ocupar el mismo espacio para vivir, dándose principalmente en asentamientos irregulares”.

Manifestó que hasta el plan nacional de desarrollo del 2013-2018, se unificó la política urbana y de vivienda, y previo a ella, lo que provocó es que se registrara un crecimiento desordenado de la mancha urbana en los estados, porque se dejó en manos del mercado, la posibilidad de determinar en donde se desarrollaban las promociones de vivienda.

Por último, dijo que es importante la participación de los ciudadanos y de la sociedad civil en las políticas públicas relacionadas con la vivienda, contar con la implementación de institutos municipales de planeación, contar con institutos metropolitanos de planeación, en donde puedan participar instituciones de gobierno, universidades, pueda intervenir la sociedad civil organizada, lo cual sería interesante y permitiría que la planeación en este rubro, no dependa sólo de una de las áreas involucradas y sí pensar en planeaciones a largo plazo.