Desde hace tiempo la alteración de los sistemas que despachan combustibles “está presente en cientos de centros de distribución”, lo que permite obtener “un beneficio ilegal”, en detrimento de quienes a diario consumen estos hidrocarburos, advirtió la senadora Rocío Abreu Artiñano.
En la sesión de este martes, la legisladora de Morena presentó en la tribuna del Senado su iniciativa para aumentar la pena que castiga con cárcel a quien venda litros incompletos de gasolina, diésel y gas, que actualmente es de 5 a 8 años, para que ahora sea de 8 a 10 años.
Se trata, agregó, de eliminar el margen de tolerancia faltante en los litros de estos combustibles que tolera la ley, así como establecer la suspensión del permiso, el decomiso de activos por la vera incompleta de estos productos.
El proyecto, que se analizará en las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda, incluye la suspensión del derecho a solicitar un nuevo permiso para la realización de esta actividad por un plazo de 10 años y que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) verifique cada tres meses los maquinas despachadoras.
En concordancia con la entrada en vigor una nueva norma oficial para que se vendan litros de a litro de combustible y de combatir el robo de hidrocarburos en las estaciones de servicio y en defensa de los consumidores, que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con ello, señaló la senadora, se protege la capacidad de compra de las familias mexicanas, en un entorno que favorezca el desarrollo económico y el crecimiento de las empresas en un ambiente ético.
Refirió que el año pasado, la Profeco reportó que aproximadamente el 11 por ciento de las gasolineras que despachan en México venden litros incompletos. Y un estudio de la Cámara de Diputados detectó que las gasolineras tienen una ganancia ilegal de 12 mil millones de pesos al año por esta práctica, abundó.
Esto, afirmó Abreu Artiñano, suma alrededor de un millón 736 mil litros no entregados, lo que equivale a 34 millones 477 mil pesos diarios.