En un país cuyas fiscalías perpetúan la impunidad sistemática a través de la incapacidad burocrática y la displicencia política, los mecanismos extraordinarios representan una alternativa para dar atención a principios fundamentales frente a las violencias: memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición de violencias emblemáticas

La impunidad ha sido un eje transversal en la historia sociopolítica de México. Hace 50 años, el acto de represión masiva bautizado como Halconazo puede utilizarse, al igual que la matanza de Tlatelolco, como hitos de la historia que marcan el parámetro sobre los avances y retrocesos en materia de derechos humanos.

Luego de aquellas tragedias, México firmó todos los tratados internacionales en la materia, pero no fueron ratificados en el Diario Oficial de la Federación hasta principios de los años 80. Al mismo tiempo, y en respuesta a las reiteradas represiones estatales, surgieron múltiples organizaciones civiles protectoras de las personas, lo que impulsó el nacimiento de la CNDH en 1990.

En una mirada retrospectiva para la Ibero Puebla, Pilar Noriega García, excolaboradora de la Comisión de la Verdad de Guerrero, destacó que el camino hacia la justicia restaurativa ha buscado diferentes vías de incidencia. Una de las posibilidades sondeadas por Andrés Manuel López Obrador durante su campaña presidencial de 2018 fue la amnistía a través de diferentes mecanismos; al día de hoy, el proceso se encuentra estancado.

Como explicó Daniela Malpica Neri, fundadora de la organización Justicia Transicional en México, los procesos de este tipo de justicia engloban mecanismos alternativos que deben ser impulsados por la voluntad política. Se trata de un modelo aplicado en países que han vivido conflictos armados o donde el poder requiere una autoinvestigación. Su fin último es atender a la masividad de víctimas olvidadas por la historia.

En algunos casos, los agravios rebasan las capacidades de las autoridades en cuestiones técnicas, financieras y humanas. Tal situación puede observarse en Michoacán: la CNDH ha reportado ataques sistemáticos a la población por parte de las organizaciones criminales que han cooptado el poder. Las causas estructurales se relacionaban con carencias en educación, trabajo y desarrollo, así como la normalización de la violencia y la colusión de las autoridades.

“El sistema ordinario que tenemos no funciona. Se crean los contrapesos para tratar de controlar los abusos del poder. Cuando estos fallan, surgen los mecanismos de investigación”. Para casos masivos, explicó, estos organismos deben ser nacionales para dar solución a problemas que requieren reformas estructurales.

Caminos alternativos

La Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad) nació en 2010 para investigar los actos de represión política ocurridos entre 1969 y 1979. En 2012, las víctimas de la “guerra sucia” lograron consolidar el proyecto tras la aprobación de la Ley Número 932. Tomaron el ejemplo de países como Guatemala, donde existieron trabajos similares para la conformación de grupos especializados de búsqueda de verdad.

Noriega García reconoció que el panorama no era favorecedor debido a los retrasos en la aprobación de la normativa. Una vez creada, la Comverdad inició un trabajo contra reloj y con recursos limitados. Dedicaron sus esfuerzos a localizar fosas en donde pudieran ubicarse los cuerpos de los guerrilleros de la época. Relató la activista: “Obtuvimos credibilidad y confianza de la gente. Sin ello, no hubiéramos logrado la localización de G1 y G2”.

Los hallazgos fueron concentrados en más de 800 páginas de reconstrucción de memoria, las cuales fueron recuperadas de manera conjunta por Comverdad, Artículo 19 y El Colegio de México en un portal digital disponible para su consulta pública. “Sin la confianza de las víctimas no puedes lograr nada. Todo esto se logró por la participación de sobrevivientes de la ‘guerra sucia’”, insistió.

Uno de los logros de la organización fue la creación de un organismo especializado para la atención y reparación de víctimas tras décadas de impunidad.

Comverdad puede considerarse un caso de éxito de un sistema de justicia transicional. Entre los aprendizajes de su búsqueda, Pilar Noriega destacó el papel de la disposición política para crear mecanismos nacionales que mantengan un diálogo horizontal permanente con las víctimas. “La impunidad de ayer refleja la impunidad de hoy. No debemos dejar en el olvido estas grandes violaciones a los derechos humanos”.

Los mecanismos de justicia transicional pueden encontrarse en las comisiones de investigación y de la verdad: las primeras se enfocan en casos específicos (Ayotzinapa), mientras que las segundas abordan todo un fenómeno (Comverdad y la “guerra sucia”). En muchas ocasiones, explicó Malpica Neri, son las familias quienes impulsan la creación de estos organismos.

En dichos espacios, las víctimas deben decidir cuáles serán los mandatos de investigación a los que se van a abocar con base en las limitaciones económicas y temporales impuestas por las autoridades. Al mismo tiempo, deben establecerse liderazgos con credibilidad y fortaleza moral al interior de los grupos y frente a la opinión pública. Cada paso, añadió, ha de ser documentado y conservado en archivos de memoria.