De acuerdo con un funcionario del INAI, el derecho a la información, a la verdad y a la libre expresión son tres pilares de las sociedades plurales y democráticas.

Para que un Estado se considere democrático debe garantizar ciertos derechos; la libre expresión y el acceso a la información son dos de ellos. Ambos se encuentran vinculados, pues una ciudadanía informada es capaz de expresar ideas críticas que abonen al desarrollo de la sociedad. Sobre este tópico se reflexionó en la sesión final de la Cátedra Ellacuría coordinada por la Ibero Puebla.

En el artículo 6° constitucional se plasma el derecho de todos los mexicanos a difundir, buscar y recibir información. Como condensó Luis Felipe Nava Gomar, director general de Enlace con los poderes Judicial y Legislativo del INAI: “Solamente en esas condiciones se puede participar en democracia. A mayor juicio crítico, más pueden exigir los representados a sus representantes”.

La libertad de expresión se nutre de información fidedigna. De ahí la importancia del INAI: el instituto es el organismo autónomo responsable de garantizar que los sujetos obligados hagan público todo aquello que es de interés colectivo. Esto es, velar por la transparencia de servidores e instituciones públicas.

El derecho de acceso a la información, que fue incluido en la Constitución mexicana por primera vez en 1977, encontró un punto pivote en el caso Claude Reyes y otros contra Chile en 2006. En aquella ocasión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que los Estados democráticos deben regirse bajo el principio de máxima divulgación.

Toda información en posesión de cualquier autoridad es pública, salvo que caiga en una hipótesis de reserva, misma que debe estar bien fundamentada. Al mismo tiempo, los sujetos obligados deben documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades. Cuando una autoridad se niega a publicitar cierta información, el ciudadano común puede ampararse para que una corte determine si esta puede ser reservada o no.

Las excepciones al principio de publicidad se encuentran en dos clasificaciones. La información reservada, aquella que se oculta por cierto tiempo por razones de interés público o seguridad nacional; y la información confidencial, la cual es censurada para proteger los datos personales de alguna persona.

De forma paralela, la libertad de expresión representa una pieza clave en el funcionamiento de la democracia representativa, pues abona al pluralismo político esencial para los Estados democráticos. “No puede haber debate si no se permite opinar sobre la cosa pública”. Cuando la ciudadanía se involucra en lo público se fortalecen las relaciones entre gobernantes y gobernados.

La CIDH enfatiza que la defensa de la libre expresión es un acto en favor de la democracia, pues permite que la diversidad de ideas atienda necesidades igualmente múltiples. “Solamente puedo enriquecer mi juicio crítico si escucho a los demás”, sintetizó Nava Gomar.

Como bisagra entre ambas garantías se encuentra el derecho a la verdad: la respuesta frente a la falta de esclarecimiento y sanción de casos graves de violaciones a los derechos humanos por parte de una autoridad gubernamental. Se trata de un pilar fundamental para combatir la impunidad y llegar a la justicia. “El que haya una comisión de la verdad coadyuva a la no repetición”.

A través de esta garantía se reconoce el derecho de víctimas y familiares a conocer la verdad con respecto a las violencias que sufrieron. Esto implica que los Estados se vean obligados a actuar en consecuencia: sancionar a los implicados y construir condiciones para que los hechos no se repitan. “Cuando no hay un derecho a la verdad se vulnera el acceso a la información, porque no se explica qué fue lo que pasó”.

En casos en los que los derechos fundamentales chocan con el criterio de excepción, corresponde al INAI determinar, de forma preliminar, si la reserva de información obstaculiza la investigación de graves violaciones a los derechos humanos u otros asuntos que pongan en riesgo a la sociedad.

Esta facultad fue defendida por el especialista, quien aseguró que los crímenes de lesa humanidad son el punto en el que se encuentran los tres derechos explorados en la cátedra. “Solo cuando hay libertad de expresión, acceso a la información [y derecho a la verdad] se fortalecen las democracias participativas”, concluyó Luis Felipe Nava.