Cuatro ex titulares de la entonces Secretaría General de Gobierno (SGG) –hoy de Gobernación– y seis de Finanzas y Administración (SFA) del estado de Puebla están involucrados en el manejo irregular de 241 millones 89 mil 406.93 pesos, de una partida considerada “secreta”, por las opciones flexibles de justificación de gastos que tenía, lo que también permitió un manejo abiertamente discrecional de esta descomunal cantidad de dinero.
Desde mayo de 2013 hasta julio de 2019, ministraciones millonarias, a gusto y a petición de los entonces jefes de gabinete, fueron entregadas, pero sin que de su aplicación haya “evidencia justificativa”.
Esto generó un grave “daño patrimonial” a la hacienda del estado de Puebla, según consta en la denuncia que ya fue presentada por la actual administración ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Con este proceso, que comenzó el pasado 8 de julio de este 2020, por primera vez en la historia de Puebla, en un hecho jurídico con argumentos y sustento, el gobierno estatal irá en contra de funcionarios de primer nivel de pasadas administraciones.
Se presume su participación en actos que constituirían la comisión de los delitos de “uso indebido de recursos públicos y ejercicio indebido del servicio público”, con un daño de más de 241 millones de pesos (mdp).
La partida secreta
Con reglas evidentemente a modo para su manejo discrecional, el 15 de mayo de 2013, en el gobierno del fallecido Rafael Moreno Valle, su entonces secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, también ya desaparecido, y el entonces titular de la SFA, el hoy senador Roberto Juan Moya Clemente, crearon un acuerdo para la disposición directa de recursos, a través de la Partida Presupuestal 3370 ‘Servicios de Protección y Seguridad’.
La intención fue la disposición directa, inmediata, de recursos de carácter “secreto”, pues se estableció la posibilidad de sufragar, con ese dinero, “labores de investigación” y realizar “contratación temporal de personas y la adquisición de materiales y servicios”.
Algo que suena muy parecido a cómo se financiaban las actividades que a la Dirección Federal de Seguridad (DFS) le dio Fernando Gutiérrez Barrios, en la década de los años 70, como policía secreta para reprimir y espiar a los opositores, en el auge del priato.
Se estableció en el acuerdo de creación que se podría disponer de ese dinero “previa autorización del secretario General de Gobierno (hoy Gobernación), y la excepción, única de comprobantes, que reúnan los requisitos fiscales cuando impliquen urgencia, riesgo y confidencialidad, tratándose de seguridad pública, siempre y cuando sea justificable, pero además conlleve al Estado al logro de los objetivos en materia de seguridad pública” (sic).
Pero de todo ello, no existe, establece la denuncia –copia de la cual obra en poder de este reportero–, ninguna “evidencia justificativa” de gasto, como arrojó una investigación que realizó la hoy Secretaría de Gobernación estatal.
Esas anomalías fueron detectadas por esa indagatoria que se realizó entre febrero y marzo de 2020, en cuanto David Méndez tomó las riendas de la dependencia que, en los hechos, ejerce la jefatura de gabinete.
Es decir, de esta Partida Secreta, los distintos titulares de la entonces Secretaría General de Gobierno, desde 2013 hasta la llegada de la actual administración, en agosto de 2019, dispusieron a su antojo, sin comprobación y pasando por alto los procedimientos presupuestales ordinarios de ley.
El titular de la entonces SGG que creó y recibió más dinero de esa Partida 3370, en la administración de Rafael Moreno Valle, fue el fallecido el 30 de abril de 2019, Luis Maldonado Venegas.
Dispuso, entre el 23 de mayo de 2013 y el 4 de marzo de 2015, en solamente un año con 10 meses, de 100 mdp.
El dinero lo solicitó el entonces secretario, y le fue otorgado por la Secretaría de Finanzas y Administración, a través de 23 ministraciones; la mayor, de 8 mdp y las menores de 2 mdp.
Con el mismo esquema, el otrora encargado responsable de la entonces SGG, Jorge Benito Cruz Bermúdez, dispuso de 18 mdp, entre el 1 de abril de 2015 y el 9 de noviembre de ese mismo año.
Los recursos, de los que se especifican los depósitos, los solicitó y le fueron entregados por la SFA al también exmagistrado, en ocho distintas partidas.
La mayor, de 5 mdp, seis por 2 mdp y una por un millón de pesos, según consta en el documento.
CARRASCO ALTAMIRANO
El exgobernador de Oaxaca, Diódoro Humberto Carrasco Altamirano, en su calidad de titular de la SGG, y Miguel Ángel R. Herrera López; entonces director general administrativo de la dependencia, dispusieron, en esa Partida 3370 de la SGG, de 86 millones 089 mil 406.93 pesos, entre el 28 de enero de 2016 y el 1 de noviembre de 2018. Apenas en un año y 10 meses.
A Carrasco Altamirano se le proporcionó el dinero a través de 45 ministraciones.
La mayor, de 4.2 mdp, el 17 de enero de 2017.
El resto, en entregas de una sola exhibición, de entre 300 mil hasta 4 mdp.
Llama la atención que, en un mismo día, Diódoro solicitó y se le entregaron dos partidas distintas: el 9 de noviembre de 2016; una por 2 millones de pesos y otra por 2.2 mdp.
Otros montos
Hay otros funcionarios menores, que solicitaron recursos de esa misteriosa Partida 3370.
Liliana Salinas Hernández, exdirectora de Recursos Financieros de la entonces SGG, pidió y se le otorgaron 4 mdp, el 28 de diciembre de 2018, durante el periodo de incertidumbre, entre la fecha de muerte de la gobernadora Martha Érika Alonso Hidalgo, el 24 de diciembre de ese año, y la llegada del gobierno interino que designó el Congreso estatal.
César Tamez González, excoordinador general de Administración de la entonces SGG, pidió y se le otorgaron en dos partidas, 9 mdp, precisamente en los días de descontrol previos y durante el arribo de la administración interina.
El 15 y el 29 de enero de 2019, ese funcionario tuvo la asignación de 4 y 5 mdp, respectivamente.
Hay que recordar que el gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido, rindió protesta ante el Congreso la tarde del 21 de enero de 2019 y su administración formalmente comenzó la mañana siguiente.
En tanto, Álvaro Gómez González, excoordinador general de Administración de la SGG, solicitó y recibió asignaciones presupuestales de esa Partida Secreta, por 24 mdp, cuando su jefe era el entonces titular, Fernando Manzanilla Prieto, durante la administración interina.
Ese funcionario tuvo que ver con la asignación-recepción de ocho partidas, entre el 12 de febrero de 2019 y el 1 de julio del mismo año: dos de 6 mdp y seis de 2 mdp cada una.
Los secretarios de Finanzas
La denuncia que está en la FGE señala también como probables responsables de daño patrimonial a nueve distintos funcionarios de Finanzas y Administración, en tres distintos gobiernos, el del fallecido Rafael Moreno Valle, de José Antonio Gali Fayad, el breve de Alonso Hidalgo y el interino de Pacheco.
Todos, por haber ministrado recursos de la Partida 3370.
Sin que se especifique cantidad, al exsecretario Roberto Juan Moya Clemente se le responsabiliza de lo que fue entregado entre el 23 de mayo de 2013 y el 1 de abril de 2015.
A Roberto Rivero Trewartha, como titular de la SFA, del periodo de 1 de abril de 2015 al 9 de diciembre de ese mismo año.
Al entonces secretario Guillermo Edmundo Bernal Miranda, del 28 de enero al 25 de octubre de 2016.
Al extitular de la Unidad de Programación y Presupuesto de la dependencia, Héctor Romay González Cobián, por lo que ocurrió entre el 28 de octubre de 2016 al 18 de enero de 2017.
Al exsubsecretario de Egresos, Eduardo H. Tovilla Lara, se le acusa del presunto daño patrimonial por 2 mdp –aquí sí está especificada la cantidad–, que ocurrió el 2 de marzo de 2017 y por una cantidad igual, respecto de la ministración que ocurrió el 8 de marzo también de 2017.
Este mismo funcionario luego aparece en otro apartado de la denuncia, el b8), como presunto responsable de la entrega de 4 mdp, el 28 de diciembre de 2018, a Liliana Salinas Hernández, ex directora de Recursos Financieros de la entonces SGG.
Raúl Sánchez Kobashi, entonces secretario de Finanzas, está señalado sin montos por las ministraciones del periodo del 3 de abril de 2017 al 11 de enero de 2018.
A Enrique Robledo Rubio, titular entonces de la SFA, se le señala responsable de lo que se suministró de dinero en esa Partida 3370, del 1 de febrero al 1 de noviembre de 2018.
Finamente, a Charbel Jorge Estefan Chidiac, titular de la SFA en el interinato, se le señala con la responsabilidad de la ministración irregular de 4 mdp, en el periodo de 28 de enero al 4 de julio del año 2019.
Fuente: Arturo Luna / Puebla on line / Crónica Puebla