La Comisión de Derechos Humanos, que preside la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez (Morena), avaló cinco opiniones en sentido positivo a tres iniciativas de reformas a la Constitución Política, en materia de protección a los trabajadores, a las víctimas y a los derechos humanos, así como dos a la Ley de Migración, relativas a derechos humanos de personas extranjeras y estaciones migratorias ante situaciones de emergencia.

La primera opinión, aprobada por 23 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, es a la iniciativa que reforma el artículo 1° constitucional, que promueve el diputado Manuel Vázquez Arellano (Morena), sobre derechos humanos de los trabajadores. La Comisión coincide en que es fundamental trabajar en reformas que protejan a las y los mexicanos, con la finalidad de impedir que las empresas del sector privado incurran en violaciones a los derechos humanos.

La segunda opinión fue avalada por 22 votos a favor, cero en contra y una abstención y se refiere a la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 20 de la Constitución Política, del diputado Jorge Álvarez Máynez (MC), en materia de protección de derechos de las víctimas. La Comisión afirmó que constituirá un avance en el reconocimiento del derecho de la verdad y garantizará mayor certeza y protección a las víctimas y sus familiares en la búsqueda de la verdad.

Con 24 votos a favor, cero en contra y una abstención, se aprobó la opinión a la iniciativa que reforma la Ley de Migración en el tema de actuación en las estaciones migratorias ante situaciones de emergencia, presentada por el diputado Álvarez Máynez, en alusión al incendio del pasado mes de marzo en las instalaciones de la Estancia Provisional a cargo del Instituto Nacional de Migración, donde perdieron la vida 40 migrantes.

Al respecto, la Comisión consideró que en ningún caso se podrán habilitar como estaciones migratorias “o refugios” los centros de encarcelamiento, de reclusión preventiva o de ejecución de sentencias, “lugares que pongan en peligro la seguridad de personas extranjeras” o cualquier otro inmueble que no cumpla con las características.

La cuarta opinión, avalada por 23 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, es a la iniciativa de reformas a la Ley de Migración en cuanto derechos humanos de personas extranjeras, promovida por el diputado José Mauro Garza Marín (MC).

La Comisión coincide en que se debe proteger a las personas migrantes que tienen necesidad de ingresar a nuestro país, porque ante todo seres humanos y no se les puede considerar como agentes de desarrollo económico.

Fue avalada por 22 votos a favor, cero en contra y una abstención, la quinta opinión a la iniciativa que reforma el artículo 1° constitucional, en materia de protección de derechos humanos, cuyo promovente es el diputado Oscar de Jesús Almaraz Smer (PAN).

En este sentido, la Comisión estima que se debe incluir el principio de “convencionalidad” en sustitución de “eficacia directa”, toda vez que se adapta a la legislación actual.

Intervención de diputadas y diputados

Al manifestar su voto en contra, la diputada Inés Parra Juárez (Morena) afirmó que quienes cometen violación a los derechos humanos son precisamente las autoridades, pues este tema no se da entre particulares, por lo que consideró que existe una tergiversación dentro de la propuesta del diputado Vázquez Arellano.

Con relación al proyecto de reforma del artículo 20 constitucional, que promueve que los familiares de víctimas de desparecidos hagan el trabajo de indagación, cuando son funciones que les competen a las autoridades, se pronunció porque la Comisión de Derechos Humanos haga un llamado a las fiscalías para que cumplan con su responsabilidad.

Por su parte, la diputada del PRI, Norma Angélica Aceves García, afirmó que el respeto y la protección de los derechos humanos son principios contenidos y garantizados en el artículo 1°constitucional, por lo que sin excepción deben ser respetados por todas las autoridades, así como por personas físicas o morales y grupos que conforman el país.

Subrayó que es ineludible la necesidad de elevar el derecho a la verdad a nivel constitucional, ya que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el ejercicio pleno de este derecho significa una respuesta ante la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos graves de violaciones de derechos humanos.

Foto: Cámara de Diputados