En el parlamento abierto “Sobre la minuta de armonización legislativa en materia de prisión preventiva oficiosa”, la presidenta de la Comisión de Justicia, diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), informó que este martes iniciará el análisis del documento respectivo enviado por el Senado el 2 de septiembre.

Recordó que el 12 de abril de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que reformó el artículo 19 de la Constitución, en esta materia.

Explicó que como resultado surgieron dos efectos jurídicos: la incorporación de nuevas hipótesis delictivas susceptibles de la aplicación de la medida cautelar y la obligación legislativa de realizar modificaciones para llevar a cabo la armonización de las nuevas hipótesis en la legislación secundaria.

Sin embargo, dijo, dos sucesos modificaron el curso original del proceso legislativo relacionado con la armonización. Por un lado, se revolvió el criterio de que la reforma constitucional no podría tener aplicación en tanto no se armonice el contenido del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes respectivas, porque los Ministerios Públicos no podrán obtener la imposición de la medida cautelar en tanto no se perfeccione la entrada en vigor de la norma.

Y el segundo, que el pasado 29 de julio de 2020 el Senado del República aprobó el dictamen que tiene como propósito, también, cumplir con esta armonización legislativa a la que está obligado el Congreso de la Unión.

Por ello, es vital conocer de los especialistas sus opiniones para recuperar criterios que fortalezcan la posición que adopte mañana esta Comisión y determinar si habrá lugar o no a modificaciones.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del PRD, expresó que el impacto de la minuta en la incidencia delictiva es difícil de estimar, pero “el que tendrá en la violación de los derechos humanos, podemos señalar que habrá muchas personas privadas de su libertad sin ningún fundamento y únicamente porque así lo determinan las leyes, y sin ninguna valoración respecto a su culpabilidad”.

Indicó que los derechos humanos no pueden estar supeditados al cumplimiento de una promesa de campaña. Añadió que la ampliación de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa es una salida falsa. “Estamos en contra de todo acto delictivo y de manera especial de aquellos que afecten el desarrollo de México, pero también de cualquier medida que amplíe la aplicación de la prisión preventiva oficiosa”.

Por el PRI, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán calificó como una falacia y mentira querer incluir más delitos o conductas al catálogo, así como pensar que de esa manera se está dando a las y los mexicanos una respuesta puntual para tener mejores índices de seguridad.

Resaltó que la armonización que la Cámara de Diputados hará representa un mandato; por ello, es fundamental escuchar a las y los especialistas, principalmente sobre el respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales que se han suscrito.

Juan Carlos Villarreal Salazar, diputado de MC, puntualizó que a pesar de que la Cámara de Diputados apoyó al Estado mexicano con algunas herramientas para enfrentar la inseguridad, delincuencia y evasión de la justica, con la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y las reformas al artículo 19 constitucional, “se ha visto que la estrategia ha sido fallida y el tema de la inseguridad no ha dado los resultados que se esperarían”.

Llamó a fortalecer las capacidades de las policías locales en los estados, a través de la profesionalización de los ministerios públicos en la investigación de los delitos, y confió en que se pueda mejorar la minuta.

La diputada Ana Ruth García Grande (PT) dijo que este parlamento abrirá las fronteras del pensamiento para tener mayor elemento de juicio para emitir una determinación. “He hecho hincapié en que debemos cuidar las decisiones tomamos en torno a este tema”.

Octavio Amezcua Noriega, integrante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que la prisión preventiva oficiosa es una reforma claramente violatoria de estos preceptos. “Enviamos un documento en donde señalamos las razones por las cuales considerábamos que era violatoria y contraproducente para los fines que se buscaban”.

Aseguró que “viola el derecho a la libertad personal, la independencia judicial y transgrede y vulnera varias cuestiones de funcionamiento del sistema de justicia penal acusatorio”.

Comentó que se tendrían que introducir ciertas salvaguardas a la imposición de la prisión preventiva oficiosa, y una vez teniéndola se podrían incluir protecciones en materia de la revisión periódica, la estricta temporalidad, poner ciertos candados a la legislación secundaria para la prisión y que no rebase los límites de tiempo que ya tiene.

Pablo Héctor González Villalobos, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, aseguró que la prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos, porque nadie puede ser privado de la libertad sin juicio previo y sentencia dictada por un juez, por lo que genera inseguridad en los ciudadanos e ineficacia en las instituciones de seguridad pública.

Explicó que si presuntamente se realizó un delito que está vinculado a la cartera propuesta, habrá prisión preventiva sin que en realidad haya certeza si se cometió. “La única forma de salir bien librado es que haya una retractación de un testigo de cargo; no son escenarios remotos de películas de terror”.

Estefanía Vela Barba, directora ejecutiva de Intersecta, aseguró que la reforma no cumple con sus propósitos, porque se vende como algo necesario para reducir la violencia e impunidad, pero no ha disminuido ni garantiza la justicia para las víctimas. Enfatizó que esta medida afecta desproporcionalmente a las mujeres; hay un abuso histórico de esta herramienta que encarcela antes de investigar.

Alejandro Ponce de León, fundador de la Institución Renace A.B.P, adelantó que las organizaciones de la sociedad civil impugnarán esta reforma, debido a que entre las medidas que se plantean está la de equiparar el uso de armas de juguete con violencia para que sean incluidas en la prisión preventiva oficiosa.

Alejandro Jiménez Padilla, coordinador de la Clínica de Defensa Penal Pública de la Universidad Iberoamericana, advirtió que esta reforma no aporta nada en el combate a la impunidad, toda vez que incorpora nuevos supuestos de manera fraudulenta a este régimen y, de manera abusiva, se aprovecha la premura para endurecer el castigo a la protesta social.

La especialista Susana Camacho Maciel indicó que el sistema de justicia no está dando resultados. “Creo que la salida no es esta; desde el punto de vista legislativo se debería estar preocupado por ayudar a las instituciones de seguridad y justicia a mejorar la situación, que es en cuanto a la regulación de la investigación”.