La Comisión de Justicia, presidida por la diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), aprobó por mayoría simple de 12 votos a favor, 10 en contra y 5 abstenciones, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República.

El documento, avalado en reunión semipresencial y enviado a la Mesa Directiva para los efectos reglamentarios conducentes, abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de distintos ordenamientos. Las reservas serán desahogadas en el Pleno.

La finalidad del dictamen es crear un ordenamiento jurídico con el objeto de establecer la integración, estructura, funcionamiento y atribuciones de la FGR, así como la organización, responsabilidades y función ética jurídica del Ministerio Público de la Federación, el cual se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio.

Precisa que todas las referencias normativas a la Procuraduría o Procurador General de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular y que se coordinará con la Secretaría de Relaciones Exteriores para la celebración de acuerdos interinstitucionales que se relacionen con sus atribuciones.

La presidenta de la instancia legislativa, diputada Ortega Martínez, destacó que el dictamen ha involucrado un esfuerzo importante en cuanto a la recuperación de las opiniones vertidas de distintos sectores de la sociedad y representantes de víctimas de desaparición, quienes expresaron que la ley tiene inconsistencias en cuanto a sus derechos más elementales.

Subrayó que luego del Parlamento Abierto en la materia “he sustentado mi convicción personal de pronunciarme: estamos frente a un proyecto que para su construcción no tomó en cuenta la opinión de la Cámara de Diputados en cuanto al diagnóstico que la Fiscalía General de la República debió haber hecho para formular una iniciativa de reforma que incluyera una nueva ley y que, si bien se agotó ese diálogo en el Senado de la República, no fuimos partícipes”.

Pilar Ortega expresó: “Me pronuncio en contra de este proyecto, si no se atienden las modificaciones que las víctimas plantearon en el Parlamento Abierto”.

Recordó que la Comisión de Justicia, durante el trayecto del trabajo legislativo, se caracterizó por priorizar la protección de los derechos humanos, le ha dado importancia al cuidado de los principios que rigen el Sistema Penal Acusatorio y la ponderación de mejores mecanismos que garanticen el acceso a la justicia. “Aprobar este dictamen, sin cambios, contravendría la posición que hemos tomado como Comisión”, señaló.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río mencionó que las víctimas seguirán teniendo algún tipo de injerencia en el proceso penal. Las atribuciones de la Fiscalía, dijo, siguen considerando de manera textual las obligaciones con la víctima, “en ningún momento se quita ello; se mantienen las fiscalías especializadas en materia de derechos humanos, de violencia contra las mujeres y contra la trata de personas. Me convence cómo se reorganiza la Fiscalía”.

La diputada Lorena Villavicencio Ayala puntualizó que la Fiscalía no ha entendido que investigar y buscar es parte del mismo proceso; en el país, hay más de 99 mil víctimas, las cuales han sido revictimizadas por las instituciones. “Esta versión de Ley Orgánica no fortalece las atribuciones para dejar de ser un país de víctimas, es innecesaria. Es vital escuchar al Fiscal y mantener su participación en la búsqueda y en la facultad de atracción”.

El diputado Alfredo Rivas Aispuro dijo que todos están a favor de que se necesita una reingeniería en la Fiscalía porque es algo que urge. Consideró que toda ley es perfectible, por lo que es “nuestra obligación subir el dictamen al Pleno, y todas las reservas que tengamos para hacer esta ley perfectible hay que hacerlo. Los invito a que no retrasemos más nuestro trabajo, a que tomemos las decisiones buenas o malas y fuertes que necesita el país, hay que sacar los temas importantes y hay que sacarlos ya”.

El diputado Rubén Cayetano García mencionó que su voto sería en abstención, porque en el Pleno podrá presentar reservas para lograr que el dictamen mejore, ya que a la Fiscalía General de la República (FGR) le faltó labor de convencimiento y diálogo para llenar las expectativas de su propuesta.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas externó su preocupación por el artículo transitorio que faculta al Fiscal a proponer modificaciones y no emitir una nueva ley. Se centraliza el poder en el Fiscal y pierde autonomía la Fiscalía. La creación de fiscalías especiales a modo genera una departamentalización y no se considera conveniente suprimir la facultad de atracción. “La minuta requiere modificaciones en temas de competencia y cooperación en materia de desaparición de personas y derechos de las víctimas, y protección”.

El diputado José Elías Lixa Abimerhi puntualizó que el dictamen es un error y confió en que en la discusión del Pleno puedan transitarse algunas reformas. Mencionó que expertos y víctimas lo consideran como un retroceso para los derechos humanos. “Creo que es un error legislar de esta forma y sin que la Fiscalía presente la evidencia necesaria para acreditar su oportunidad. Voy en contra y así lo haré también en el Pleno. Hago un llamado a todas y todos los diputados a enterarse de manera muy particular sobre lo que se está aprobando”.

El diputado Enrique Ochoa Reza refirió estar a favor de fortalecer a la Fiscalía General de la República; sin embargo, dijo que la minuta tiene cosas buenas y aspectos cuestionables, por lo que “estamos abiertos a presentar las reservas necesarias en el tema de víctimas y hasta iniciativas de reforma legal correspondientes a las principales preocupaciones que tienen los grupos sociales; estamos a favor de discutirla más”.

La diputada Ana Ruth García Grande se pronunció en contra del dictamen, toda vez que se requiere de un análisis más profundo, por lo que hizo un llamado para ser sensibles y ofrecer a la ciudadanía un instrumento que responda a las exigencias de la impartición de justicia.

El diputado Jorge Alcibíades García Lara calificó como un acierto sustituir el Plan de Persecución Penal por un Plan Estratégico de Procuración de Justicia, mediante el cual se determinarán las estrategias y los objetivos por desarrollar para la eficiencia y eficacia en la investigación y persecución del delito. Reconoció los trabajos legislativos para llevar a buen término una nueva ley que permita atender la procuración de justicia de forma más eficaz para todos; “es perfectible y es momento de darle dientes a la Fiscalía”.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña indicó que su voto sería en contra, ya que no se ven reflejadas las observaciones que han realizado las distintas organizaciones de la sociedad civil, y “sin las víctimas no podemos avanzar”. Además, anunció que presentará distintas reservas para fortalecer el proyecto como el derecho de las víctimas a presentar peritajes independientes y demás elementos que permitan disminuir los índices de impunidad que privan en el país.