Los objetivos del organismo se centran en identificar los patrones de violaciones graves a los derechos humanos y emitir recomendaciones para la elaboración de nuevas legislaciones.
A tan solo unas horas del último dictamen sobre el caso Ayotzinapa y a minutos de la detención del autor intelectual de la ‘verdad histórica’, la Ibero Puebla celebró el inicio de cursos de su Maestría en Derechos Humanos. El encuentro académico optó por recuperar el caminar histórico de los mecanismos de acceso a la justicia como una vía para comprender la coyuntura inmediata.
Las democracias en América Latina son débiles. Las instituciones encargadas de elaborar procesos de justicia se han visto rebasadas en su deber de garantizar a la ciudadanía al acceso a la verdad. Las dos comisiones en esta materia que operan en nuestro país se han concentrado en dos hitos de la historia mexicana contemporánea: la Guerra Sucia y la desaparición de 43 normalistas en Iguala.
Como explicó Mario Patrón Sánchez, rector de la Ibero Puebla, el derecho a la verdad conlleva que la sociedad en su conjunto pueda conocer la realidad detrás de hechos trascendentales: “Esto nos permite construir memoria y que los hechos no se repitan”. Se trata de un recordatorio permanente de pasados que, según se observa, tienen ecos importantes en el presente.
Antes de Ayotzinapa
Las comisiones de la verdad son mecanismos extraordinarios de justicia transicional que sirven para investigar crímenes cometidos desde el poder. Dichas instancias buscan garantizar la búsqueda de justicia, reparación de daños y garantías de no repetición, y han tenido efectos positivos en lugares como Sudáfrica, Guatemala y toda América Latina.
En México, la primera Comisión de la Verdad se ha centrado en investigar los crímenes de Estado ocurridos entre 1965 y 1990 en el marco de una serie de movimientos guerrilleros. Aquel periodo de corte autoritario, hoy conocido como Guerra Sucia, fue sustituido por el paradigma neoliberal consolidado durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, sus efectos estructurales prevalecen intactos.
El Mtro. David Fernández Dávalos, SJ integrante de la Comisión para el Acceso a la Justicia y la Verdad, forma parte del equipo responsable de estas indagatorias. A su decir, el antecedente histórico de la segunda mitad del siglo XX debe ser recuperado para comprender el presente y vislumbrar posibles horizontes.
“La narrativa oficial es que quienes se alzaron en armas eran desviados sociales, delincuentes comunes, pandillas […] Nosotros tenemos que construir una nueva narrativa centrada en las víctimas”. Para ello, la Comisión de la Verdad se ha encargado de recolectar testimonios de forma colectiva y revisar archivos históricos. Resulta fundamental, explicó el ex rector de la Ibero Puebla, comprender y reintegrar a las personas estigmatizadas durante este periodo.
De acuerdo con los primeros hallazgos, el ejercicio de la violencia a través del ejército y las policías formales garantizaba la seguridad política del Estado; a cambio, las fuerzas castrenses podían gestionar el crimen a placer. Además, estos agentes estaban encargados de disciplinar a las disidencias: los golpes al crimen menor, las mujeres rebeldes y la comunidad LGBT+ eran fuentes de legitimidad frente a la opinión pública.
Este modo de operar, como refleja el dictamen de la otra Comisión de la Verdad, persiste hasta el día de hoy. “No ha habido un proceso de transición democrática ni de renovación de las instituciones. La Comisión de la Verdad no toca el tiempo actual, pero lo que está ocurriendo en el país tiene su origen en aquella época”. Y advirtió: “Es un ejército vinculado con el narcotráfico, al mismo al que le están dando atribuciones desmedidas”.
El sistema de justicia que se consolidó en los años 60 garantiza el sostenimiento de un modelo económico basado en la acumulación, el despojo y la extracción. “[El trabajo de la comisión] nos permite entender cómo se han transformado las violencias del Estado hasta el momento actual”. Si bien reconoció que el presente es el mayor desafío, David Fernández refrendó la necesidad de desnudar la operatividad de la represión estatal desde su origen.
La conferencia del Mtro. David Fernández Dávalos, SJ fue el evento inaugural de la Maestría en Derechos Humanos y los posgrados en Derecho de la IBERO Puebla. A través de un video, el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz reconoció los esfuerzos de la Casa de Estudios por refrendar las actividades sociales y académicas en materia de derechos humanos. “No vamos a encontrar un proceso de sanación social si no nos atrevemos a contar la verdad”.