Desde que se incorporó el derecho humano al agua en el artículo 4 de la Constitución, sigue pendiente la Ley General de Aguas y persisten problemas como la insuficiente capacidad de municipios para el abasto, la falta de coordinación interinstitucional entre la Federación, estados y municipios, así como hábitos que fomentan el desperdicio de este recurso.

En este contexto, la Comisión de Recursos Hidráulicos, que preside el senador Raúl Paz Alonzo, trabajará de manera coordinada con la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, para expedir la Ley General de Aguas.

En su Programa de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXV Legislatura, este órgano legislativo del Senado refrendó su compromiso para avanzar en los temas relacionados con la materia hídrica, con la participación permanente de la sociedad civil, los organismos responsables, académicos y legisladores.

Por ello, entre los objetivos específicos de la Comisión de Recursos Hidráulicos está el realizar cinco foros regionales rumbo a la dictaminación de la Ley General de Aguas. Además, buscará fomentar la cultura de la participación ciudadana mediante seminarios, conferencias y otros eventos en materia de recursos hidráulicos.

En México, la distribución geográfica del agua no coincide con la distribución geográfica de la población. El volumen de agua renovable promedio en el país per cápita es de cuatro mil 28 metros cúbicos por habitante por año.

Sin embargo, existen diferencias sustanciales entre el Sureste y el Norte del territorio, pues se observan áreas con gran escasez de agua y regiones con frecuentes eventos hidrometeorológicos que provocan inundaciones y afectación de asentamientos humanos e infraestructura.

En zonas urbanas, se destaca en el documento, la cobertura es de 95.4 por ciento, pero en zonas rurales -localidades menores a dos mil 500 habitantes-, apenas alcanza 78.8 por ciento, debido a la dispersión de la población en condiciones fisiográficas complejas, y la dificultad técnica y/o financiera para desarrollar sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

“Si bien oficialmente 92 por ciento de la población tiene acceso al servicio público de agua potable, dicho porcentaje disminuye dramáticamente cuando se considera su calidad”.

Además, de los 653 acuíferos, 106 se encuentran sobreexplotados, especialmente en zonas de interfase agrícola y urbana, lo que plantea un horizonte previsible de agotamiento y la contaminación por minerales naturales, que significan graves problemas de salud pública.

Aunado a todo lo anterior, la mayoría de los organismos operadores de sistemas de agua para servicio público funcionan con criterios políticos y clientelares, no están debidamente profesionalizados, dependen de cuantiosos subsidios, y no están constituidos como empresas públicas sujetas a reglas claras y transparentes de gobierno.

Constitucionalmente, los municipios tienen las facultades de ofrecer el servicio público de agua y de tratar las aguas residuales. Con este justificativo la Federación ha descuidado responsabilidades de regulación sobre los organismos operadores municipales, se señala en el programa de trabajo de la Comisión de Recursos Hidráulicos.