Al comparecer ante el pleno del Congreso, el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, dijo que se logró la reapertura de los 15 ministerios públicos que cerraron en el sexenio de Rafael Moreno Valle, de los cuales 9 están en la zona metropolitana y el resto en otros municipios.

Puntualizó que en Puebla uno de los objetivos tiene que ser el reorganizar la Fiscalía, adaptarla realmente al nuevo sistema, que los diputados hagan las reformas correspondientes a la ley.

Además, informó, se registraron 82 llamadas de extorsión en Puebla, que provienen de cárceles de Matamoros y Altamira, que se ubican en Tamaulipas; Topochico en Nuevo León y Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México.

En el tema de la Alerta de Género, Higuera Bernal dijo que se atendieron 35 de 45 recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), es decir el 95 por ciento y que solamente competen a la Fiscalía.

Indicó que en 2019 se desarticularon 37 bandas delictivas, de las cuales 27 son secuestro y 10 de narcomenudeo; también resaltó que el delito de violencia familiar es el segundo más denunciado, solo después del robo en general.

El encargado de la Fiscalía General del Estado argumentó que de 3 de cada 10 delitos son investigados y durante el procedimiento legal, se concluye que no existió ilícito, además de enfatizar que con el viejo Sistema de Justicia Penal había 19 mil carpetas de investigación, de las cuales 4 mil han sido resueltas.

También, reconoció que gracias a los diputados locales la ampliación presupuestal que se tuvo en 2019, y por ende se contrataron a 625 servidores públicos en diversas áreas que permiten agilizar las investigaciones en los diversos delitos que se cometen.

Con respecto a la detención de Miguel López Vega, dio a conocer que este jueves será la audiencia en para determinar la vinculación a proceso del activista, defendió que sí se tienen los elementos suficientes para su detención, pues el juez liberó la orden de aprensión y se decretó prisión preventiva.

Higuera Bernal mencionó que la Fiscalía no puede tener postura, solo debe informar lo que realiza, es una investigación que realizó, producto de una denuncia, se tomó una decisión jurídica, se visualizó, se cumplió la orden de aprensión y se presentó ante el juez competente el caso y se le dio prisión preventiva.