Las comisiones de Justicia; y de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, desahogaron las comparecencias de dos aspirantes para ocupar el cargo de magistrada o magistrado de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que propuso el Ejecutivo Federal.

Se trata de Natalia Téllez Torres Orozco y Joel Alberto García González, quienes destacaron a los senadores que para hacerle frente a la corrupción se requiere de la imparcialidad e independencia de quienes resuelven e imparten justicia en esta materia.

En el encuentro, que se llevó a cabo a distancia, Téllez Torres Orozco afirmó que la acción de las y los juzgadores en la lucha contra la corrupción depende de la competencia en el marco del conocimiento jurídico, lo cual dijo cumplir a cabalidad. También es imprescindible, agregó, saber enfrentar al poder político.

La corrupción, puntualizó, es un intercambio y, por lo tanto, implica la participación de dos partes, en el cual suele estar involucrado el sector privado, ya sea como el elemento corruptor o al ser víctima de extorsión de los órganos del Estado.

De ser ratificada, indicó, su principal preocupación será la actuación judicial, es decir, la formulación de sentencias que estén adecuadas al debido proceso. “No ejerceré mi jurisdicción conforme a lo que dicta la política, mi papel como juez será conforme a los principios más altos de la democracia: la imparcialidad y la independencia”.

García González, en tanto, señaló que la lucha contra la corrupción en los diversos órganos del aparato estatal ha obligado al gobierno y a la sociedad a fortalecer las leyes; sin embargo, no es tan fácil erradicar estos vicios que aún subsisten en algunos servidores públicos.

Para ello, indicó que una de las acciones primordiales para coadyuvar en el combate a la corrupción es la instalación de la Tercera Sección de la Sala Especializada. Además, aseveró que toda resolución del TFJA debe cumplir con el principio de legalidad, el cumplimiento del respeto a los derechos humanos y la presunción de inocencia.

Al ser cuestionado sobre un posible conflicto de interés por su proximidad con el hermano del titular del Ejecutivo, José Ramiro López Obrador, el candidato aseveró que, en ese caso o en el de cualquier persona cercana que tuviese que juzgar, tendría que declararse impedido para actuar, esto conforme a los términos establecidos en la ley.

Las comisiones de Justicia; y de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, que presiden los senadores Julio Menchaca Salazar y Juan Zepeda, respectivamente, deberán aprobar el dictamen relativo a la idoneidad para efectos de la ratificación o negativa de ésta, el cual será presentado ante el Pleno para su validación.