La diputada Aleida Alavez Ruiz, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, aseveró que con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares el sistema de impartición de justicia será robustecido, al agilizar trámites y dar atención igualitaria en todas las entidades de la República.

La legisladora por la Ciudad de México aseguró lo anterior en el programa “Parlamento en Vivo”, con el tema “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”, producido por Comunicación Social de la Cámara de Diputados.

El pasado 24 de abril el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta que expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para homologar los procedimientos a nivel nacional, priorizando oralidad y efectivo acceso a una justicia pronta, completa, imparcial y expedita, garantizando el apego a los derechos humanos.

Dicho ordenamiento será de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional, cuya finalidad es establecer la regulación procesal civil y familiar, con base en derechos humanos previstos en la Constitución Política y tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte

La también integrante de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Puntos Constitucionales, indicó que desde 2017 había un mandato para actualizar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que no había sido atendido.

Por ello, las y los diputados respondieron con la formación de un grupo de trabajo denominado Justicia Cotidiana que, sumado a la Comisión de Justicia, estableció comunicación con el Senado de la República para trabajar en conferencia, algo poco común.

Este ejercicio ahorra tiempos porque al tratarse de un mandato judicial se venían venciendo los plazos, explicó, lo que significa que ahora cualquier controversia de índole civil o familiar se va a dirimir en menos tiempo con un proceso más ágil y homologado en todo el país.

Así, los trámites del divorcio serán lo mismo en las diversas regiones y estados, al igual que la pensión alimenticia y el matrimonio, por señalar algunos, permeando los mismos procedimientos, los mismos tiempos, los mismos plazos, y que todo se homologue.

Todos nos atendremos a los mismos procedimientos legales, como en el matrimonio, inclusive, y aunque sea una labor titánica, esto tenía un plazo para ponerse en vigor en todo el país, y éste era hasta el 30 de abril pasado.

“Para lograrlo como algo que emana de los expertos: juristas, magistrados, jurisconsultos, jueces, nos reunimos con ellos en más de 30 ocasiones en jornadas largas, más de 12 horas cada una de ellas, estudiando libro por libro, todo lo que es la justicia del día a día; de hecho, los procedimientos civiles y familiares, abarcan un 90 por ciento de los casos que se deliberan en el Poder Judicial”.

Alavez Ruiz aseveró que haber dado esta herramienta a México significa ahorrar tiempos, dinero, procedimientos, “justicia cotidiana que sirve para evitar desgastes emocionales, por ejemplo, en las sucesiones testamentarias, porque todo esto tiene que ver con nuestra situación civil, nuestra familia y, por tanto, cómo trascendemos”, y en concreto se evitan muchos pleitos.

Respecto a juicios testamentarios, la diputada indicó que en la Ciudad de México experimentamos con este nuevo código nacional, y hay una modalidad en la que si no hay ninguna diferencia entre los herederos, se puedan solucionar en una sola audiencia con el juez, y así se delibere, sin necesidad de estar citando a la familia para determinar el patrimonio familiar, lo cual generaba un gran desgaste emocional.

Esta labor es de tal trascendencia, dijo, que con ello le estamos dando una respuesta a la pacificación del país para alcanzar otra situación a nivel social, lo que influye directamente en la tranquilidad y calidad de vida de los ciudadanos, y de esa manera cada quien libera sus problemas de carácter civil o familiar.

Indicó que la Barra Mexicana de Abogados interpuso un amparo ante el Poder Legislativo reclamando que no habíamos promovido esta disposición: colegios de abogados, jueces, magistrados, expertos de la academia, organizaciones de la sociedad civil.

Se elimina la interdicción o tutelaje, ya que no se le reconocía a la persona el poder tomar decisiones sobre sí misma. Este tema fue polémico y algo que se defendió mucho ya que a las personas con discapacidad se les imponía siempre un tutor cuando en muchos casos no lo necesitaban.

Expuso que no tenemos por qué someter ni discriminar a las personas con capacidades diferentes cuando pueden tomar sus propias decisiones. Lo mismo sucedía con menores de edad: niñas, niños y adolescentes, mas ahora se pone por encima el derecho superior de la infancia en los protocolos para juicios familiares y civiles en temas que les afectan. Hicimos foros a lo largo y ancho del país.

En grupos de trabajo buscamos la relación con el Senado de la República, después con la senadora Olga Sánchez Cordero y esto lo simplificó, ya que no podemos modificarlos porque ese es el trabajo en conferencia y ya no hay necesidad de ajuste.

Los puntos importantes son que desaparece la interdicción y es declarada inconstitucional, por no reconocerle la capacidad jurídica a todas las personas con alguna discapacidad. Esta es una aportación de la sociedad civil.

Aseveró que en materia civil se prevén los medios preparatorios al juicio, las medidas cautelares, así como procedimientos civiles no contenciosos, como la jurisdicción voluntaria y juicios orales y civiles. “Esto nos ahorra tiempo en cuanto a notificaciones y se establecen medidas cautelares inmediatas para recibir una pensión, por ejemplo: no tiene por qué una niña estar esperando que se libere un juicio para recibir su pensión alimenticia.

Foto: Cámara de Diputados