La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, afirmó que las diferencias que esa institución ha mantenido con el INE en el actual proceso electoral no son señal de que exista un conflicto entre ambas instancias.
La magistrada argumentó que se trata de «tensiones inevitables» en un Estado en el que existe equilibrio de Poderes y donde hay pesos y contrapesos institucionales.
Durante una conferencia en el Tribunal Electoral de Puebla, Otálora afirmó que las recientes decisiones del TEPJF y las reacciones que suscitaron en el INE y los medios derivaron en una «narrativa» de que existe un conflicto entre las dos autoridades electorales.
«Creo que es pertinente dejar en claro que en ningún caso hemos estado en presencia de conflicto alguno. Y es que semejante expresión resulta errónea, pues con toda propiedad no es factible hablar de conflicto cuando un tribunal, en pleno ejercicio de sus funciones constitucionales, modifica o revoca la determinación de otro órgano público, el cual, por su parte, se limita, en ocasiones, a lamentar la decisión, pero invariablemente cumple con lo fallado», argumentó en un discurso dirigido a Magistrados locales.
«Estamos en presencia, eso sí, de una especie de tensión, producto del diferendo de opiniones sobre un tema específico. Estos desencuentros o desavenencias suceden por ser el resultado natural de las funciones que al INE y al Tribunal Electoral les corresponde desarrollar en el diseño institucional que tenemos».
La semana pasada, consejeros del INE y Magistrados del TEPJF expresaron diferencias luego de que la Sala Superior revocó un acuerdo del árbitro electoral que buscaba agilizar el conteo de votos de los comicios de este año.
Consejeros advirtieron que la sentencia del Tribunal podría retrasar la difusión de tendencias del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de la elección presidencial, lo que, señalaron, podría propiciar inestabilidad.
Otálora sostuvo que es común acusar a los tribunales de ser excesivamente formalistas al exigir el cumplimiento de los procedimientos previstos en la ley, o de no entender la posición de los órganos administrativos y las medidas que deben adoptar para hacer sus labores, o de retrasar su actuación con sentencias.
«Las decisiones administrativas deben apegarse a los principios y procedimientos establecidos por la ley, y la obediencia que todos debemos a esta no puede ser suspendida o eliminada a partir de las críticas, inconveniencias o dificultades técnicas en su aplicación. Asumir lo contrario equivaldría a renunciar a la protección de los derechos, de la legalidad, y, con ello, a la democracia», expuso.
La Magistrada explicó que los actos del Ejecutivo y el Legislativo deben estar sujetos al control judicial, que tiene la función de garantizar que sean respetuosos de la Constitución y no lesionen o restrinjan indebidamente los derechos humanos.
«Las tensiones y críticas son parte natural e incluso deseable del funcionamiento del Estado y debemos verlas como tal. El desacuerdo, tensión o crítica no deben ser percibidos como conflicto, sino como una especie de diálogo entre quienes pueden partir de distintas visiones o ideas, pero que buscan la mejor solución al mismo problema», afirmó.
«En este sentido, la tensión y desacuerdo permiten perfeccionar las normas y los estándares de actuación de las autoridades. Su visibilización en el espacio público es una clara señal de la apertura, transparencia y salud de nuestra vida pública», afirmó.
Con información de Reforma
Foto: Es Imagen / Ramón Sienra