Si las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son designados por elección popular se corre el riesgo de que existan injerencias partidistas, así como de poderes fácticos y económicos, afirmó Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la primera fecha de los Conversatorios “Participación Ciudadana para la Transformación del Poder Judicial”, realizado en la Cámara de Diputados, convocado por la de Morena.

Además, el costo de la elección representaría una erogación presupuestal muy elevada, agregó en el Conversatorio 1. “Soberanía popular, fortalecimiento de la democracia directa y vinculación ciudadana para revisar y modificar el régimen de designaciones de cargos en la Suprema Corte”.

Expuso que lo más importante es que prevalezca la independencia judicial, “no sólo por el tema de frenos y contrapesos”, sino para garantizar la progresividad de los derechos humanos y, por ejemplo, “evitar que las mayorías avasallen a las minorías”.

“El riesgo, en cuestiones prácticas, de llevar a cabo una elección directa de ministras y ministros implica retos muy importantes en términos prácticos-organizativos, donde habría riesgos de injerencias partidistas que afectarían la independencia judicial; y de los poderes fácticos y económicos, que tendrían los medios para promover y ubicar a ministros en la SCJN”, reiteró.

También sería contrario al artículo primero de la Constitución Política, con relación al principio de progresividad de los derechos humanos; “además la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene algunos criterios importantes en materia de independencia judicial, explicó.

Pese a lo anterior, dijo, hay áreas de oportunidad en el Poder Judicial para dar más transparencia en la designación de las y los ministros -aún en el proceso que ya existe-, así como a la fundamentación y motivación de las razones por las cuales se llegó a elegir a una persona de entre una terna o del por qué se rechazó.

Del mismo modo, se puede promover una mayor participación de la sociedad civil, ya que “el Poder Judicial tiene una deuda histórica en la cercanía y accesibilidad a la ciudadanía. No se siente cercano a la ciudadanía; los juicios son costosos, el juicio de amparo es muy técnico y necesitamos una justicia muchísimo más cercana”.

“Me atrevo a poner otro tema sobre la mesa, que deriva precisamente de fracaso de la manera en que hemos entendido la justicia, que es a través la justicia penal, sobre todo del castigo, tendríamos que enfocarnos en temas de justicia restaurativa, que es una nueva vertiente que he experimentado en otras partes del mundo que tiene un desarrollo teórico muy relevante”, concluyó. (FQA)

Foto: Cámara de Diputados