Ante la necesidad de capacitar a personas servidoras públicas sobre la perspectiva de género que requieren mujeres víctimas de violencia, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), puso en marcha el segundo Curso de Capacitación sobre Feminicidios, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia con Perspectiva, con apoyo del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Durante la inauguración, la titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero, subrayó que, si los valores socioculturales discriminatorios afectan la investigación de los casos y la valoración de la prueba, se obstaculiza el acceso a la justicia, se acallan las voces y demandas de las mujeres, y se perpetúa la desigualdad de género.

“Esto es inadmisible, esto tiene que cambiar, esta realidad es otra ya. Si este imaginario discriminatorio de estereotipos y prejuicios existe también entre nuestras mismas personas servidoras públicas, nos encontramos frente a una paradoja, porque sin perspectiva de género no es posible la administración de justicia”, aseguró.

Para revertir la normalización de estas conductas –continuó–, los Estados, México, tenemos obligaciones concretas, específicamente respecto a nuestras personas servidoras públicas, cuyos actos son de especial trascendencia para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia.

Sostuvo que los órganos y agentes estatales deben abstenerse de incurrir en todo acto o práctica que discrimine directa o indirectamente a las mujeres, y son responsables de prevenir tales actos mediante la capacitación y la aplicación de disposiciones jurídicas.

Afirmó que la obligación de las autoridades involucradas en la administración de justicia es doble, como miembros de una sociedad respetuosa de los derechos humanos y como personas servidoras públicas garantes de los derechos humanos de las mujeres.

Puso como ejemplo el caso de 74 mujeres normalistas privadas de su libertad el pasado 18 de mayo, luego que un juez de control del penal de El Amate, Chiapas, les decretó vinculación a proceso, no obstante, que les dictó la medida cautelar para que enfrenten su proceso en libertad. “Yo estoy segura que la perspectiva de género en el juzgador estuvo presente. Y eso me da mucho gusto porque así podemos ser garantes de los derechos humanos de las mujeres”.

Aseveró que este curso hace sensibles a los problemas de la subordinación de las mujeres, permite identificarlo, entenderlo, abre la puerta a explorar formas de hacerlo operante.

Indicó, que también debilitará las profundas raíces culturales del sistema patriarcal que ha sido parte de la historia; se tiene esa responsabilidad y el compromiso que el trabajo cotidiano en los ministerios públicos, las fiscalías, los tribunales, el Poder Judicial y en la seguridad jurídica se garantice este acceso a la justicia con igualdad.

“Si logramos imbuir nuestras funciones de perspectiva de género crítica y puntual seremos testigos de una transformación de las prácticas que inviabilizan y naturalizan la violencia de género”, enfatizó al insistir en la relevancia de capacitar en la materia ante hechos como el caso en Ciudad Juárez, Chihuahua, conocido como ‘Campo Algodonero’.

“Imagínense si no es importante que tengamos esta capacitación, revictimizar constantemente, naturalizar la violencia, invisibilizarla, porque no se tiene el concepto de perspectiva de género para la investigación, judicialización e impartición de justicia”, añadió.

En esta ocasión serán capacitadas 608 personas con perfiles en Derecho, Psicología, Criminología, Ciencias Forenses, Ciencias Médicas, y Trabajo Social, cuya labor se concentra en fiscalías estatales y Centros de Justicia para las Mujeres, además de 25 instituciones más como secretarías de Seguridad Pública, comisiones estatales de seguridad, comisiones ejecutivas estatales de atención a víctimas e institutos estatales de las mujeres, entre otras.

“Desde la Conavim, reiteramos nuestro compromiso institucional de transformar esta obligación del Estado en una realidad, una oportunidad para hacer valer efectivamente los derechos de las mujeres y las niñas, especialmente el derecho a vivir una vida libre de violencia”, puntualizó la comisionada nacional, Fabiola Alanís Sámano.

La formación de las y los funcionarios responsables de atender ese fenómeno desde diversos campos y disciplinas, especialmente de quienes laboran en las diferentes instituciones dedicadas a la prevención, atención, sanción y erradicación del delito de feminicidio y de la violencia feminicida, “y hacerlo con perspectiva de género es probablemente uno de los mayores desafíos, no sólo es método, sino compromiso, sensibilidad y entendimiento de la compleja realidad androcéntrica, patriarcal que heredamos, pero que reproducimos y multiplicamos casi sin darnos cuenta”, agregó.

Los temas durante el curso son aproximaciones a la violencia contra mujeres y niñas desde la perspectiva de género; panorama nacional sobre las violencias contra dicha población; marcos normativos, sentencias y precedentes judiciales; criterios y aplicación de la investigación pericial; y mecanismos de atención con perspectiva de género.