En sus 31 años de historia, el organismo autónomo ha sufrido embates internos que obstaculizan la ampliación de sus facultades como institución protectora de derechos.

Fundada en junio de 1990, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue concebida como respuesta a la violencia perpetrada durante la segunda mitad del siglo XX, particularmente en contra de los movimientos sociales encabezados por las juventudes y los indigenismos. Su papel se constituye como salvaguarda de la memoria histórica de la lucha por la protección de los derechos fundamentales.

En la actualidad, la Comisión enfrenta el reto de reformular el abordaje de las denuncias y la construcción de verdad y justicia a partir de la cultura de derechos humanos. Así lo reflexionó Rosy Laura Castellanos Mariano, consejera consultiva de la CNDH, quien consideró que las recomendaciones e informes tienen que trascender al derecho formal.

Uno de los casos más emblemáticos es la toma feminista de las instalaciones del organismo en Ciudad de México, donde se puso de manifiesto la necesidad urgente de realizar mesas de diálogo nacionales con las víctimas de todas las modalidades de violencia. “Necesitamos encontrar nuevas formas de representación y construcción de la cultura de derechos humanos”, reflexionó en un espacio virtual de la Ibero Puebla.

La conversación pública actual en torno a la Comisión se debate entre el juicio como contrapeso ejemplar para el poder y la simulación histórica de acciones sustantivas atravesadas por el interés político. El Centro Prodh se sitúa en medio, en un contexto en el que se esperaba que la gestión de la primera mujer ombudsperson trajera consigo cambios significativos. No ha ocurrido así.

A decir de Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro Prodh, las recomendaciones emitidas por la CNDH en los últimos dos años y medio corresponden mayoritariamente a casos ocurridos en sexenios anteriores. Además, se ha guardado silencio ante temas de seguridad y política exterior, lo que se ve reflejado en una prudencia excesiva en comunicación social.

La fortaleza de la Comisión de Derechos Humanos radica en su autoridad moral dentro del espacio público. De acuerdo con un informe publicado por las universidades jesuitas en 2020, las recomendaciones de la instancia pública no han tenido impactos significativos e inequitativos. Por ejemplo, en 2018 solo se emitieron 20 recomendaciones para dar atención a las 9,002 quejas recibidas.

Para Cuauhtémoc Cruz Isidoro, colaborador del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla, el seguimiento a los casos no ha permitido comprender y solucionar situaciones complejas. “Existe incertidumbre para saber cuándo contamos con una CNDH como aliada”.

Desde los pasillos de la Comisión, Castellanos Mariano llamó a aprovechar la coyuntura para impulsar las transformaciones internas. “Veo que hay voluntad de diálogo y sinergias que tienen que romper al propio interior. Hay organismos en las entidades que no funcionan”. Insistió en que la memoria histórica debe conducir al escrutinio multidimensional de la coyuntura del país.

Recordó también que la responsabilidad en la defensa de los derechos humanos debe ser compartida entre el organismo autónomo y la articulación organizada por parte de la sociedad civil. Además de la voluntad, añadió, es necesario contar con espacios de diálogo con la ciudadanía.

Frente a la llamada “guerra sucia”, marcada por la desaparición forzada contra organizaciones políticas, la CNDH emitió recomendaciones discretas en cuanto a los mecanismos de justicia transicional; tan es así que, a la fecha, el Ejército mexicano no ha reconocido su responsabilidad en los hechos.

Aguirre Espinosa destacó la importancia de abordar estos casos históricos con la contundencia necesaria para generar memoria, verdad y justicia. Lo mismo puede decirse del periodo de la guerra contra el narcotráfico, donde solo una sentencia penal ha sido derivada de las recomendaciones de la Comisión. Por tal motivo, llamó a cuestionar la viabilidad de sus mecanismos de acción e intervención.

A la par de la reestructuración de los protocolos de acción, es necesario fortalecer la divulgación de los derechos humanos a través de la vinculación con programas educativos y medios de comunicación. Cuauhtémoc Cruz consideró la alfabetización es crucial para contrarrestar los movimientos antiderechos. Al mismo tiempo, las oficinas estatales tendrían que asumir responsabilidades de transformación desde lo local.

En sus reflexiones finales, Rosy Laura Castellanos defendió la nobleza de la institución frente a sus carencias y omisiones, las cuales requieren una revitalización interna y externa para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones y el diálogo permanente. “Nos toca como sociedad hacer las valoraciones para que se fortalezca el órgano, sin importar la administración que esté. Nuestra causa va más allá”.

Por su parte, Santiago Aguirre recordó que el papel de la ombudsperson debe constituirse como un contrapeso político en sí mismo, lo cual puede verse trastocado por la posibilidad de reelegirse. “Ojalá la CNDH fuera un referente para hablar claramente de lo que está mal”, sentenció.