Considerando que el derecho al agua es un derecho humano y contemplado dentro de la Constitución Política, la LX Legislatura aprobó las modificaciones a la Ley del Agua y con ello evitar que un particular se enriquezca con la concesión.
 
El diputado Gabriel Biestro Medinilla, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Regeneración Nacional y propinante del dictamen de reforma de Ley, calificó como inconcebible que desde el 2013, fecha que se concesionó el servicio, aún no se conozcan las condiciones del Contrato de Concesión del Servicio de Agua a la Empresa Concesiones Integrales, el cual deberá ser dado a conocer por la opacidad que ha prevalecido hasta el día de hoy, bajo el cobijo de la ilegitimidad y corrupción, que permea el ambiente político en la entidad.
 
Esta nueva normatividad en el estado de Puebla, dijo el propio legislador, pretende regular la prestación del servicio de acceso al agua, saneamiento y alcantarillado, que garantice que la prestación del servicio sea pública, universal, permanente y salubre, disminuyendo su impacto ambiental.
 
La decisión de declarar el contrato de concesión como información reservada generó un sinnúmero de suspicacias respecto a los parámetros normativos y mercantiles con los cuales fue suscrito y ejecutado.
 
“Es un absurdo que exista información reservada para un Poder Soberano con facultades fiscalizadoras, ese contrato está vigente a pesar de que quienes lo firmaron, ya concluyeron su mandato, lo cual lo hace ilegal”, subrayó.
 
No dejó de mencionar que el contrato debe encontrarse en los archivos del Poder Legislativo, pues fue aquí donde se autorizó la concesión del servicio y, “si dolosamente fue retirado de los expedientes, se procederá de manera legal en contra quien resulte responsable”, advirtió.
 
Ante las recurrentes quejas del sector empresarial y en general de todos los usuarios del servicio en su uso residencial, por las abusivas tarifas que aplica la empresa concesionaria, el también presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, dejó en claro que el agua es un derecho humano, el cual no debe de estar sujeto a intereses de mercado, especulación monetaria y a cargo de personas morales cuya única finalidad es la obtención de ganancias.
 
En el marco de la sesión ante el Pleno del Poder Legislativo, hizo ver que este Punto de Acuerdo atiende una demanda de pluralidad y democracia, que no ha sido escuchada al seno de esta soberanía, sin dejar de considerar que la concesión del servicio en el 2013, derivó en una enajenación de bienes y una firma de contratos que resultaron dolosos para la ciudadanía.
 
En su oportunidad, el diputado del Partido Acción Nacional, Marcelo García Almaguer señaló que el problema del agua es un asunto sistemático por la falta de pago, desde la administración de Manuel Barttlet en donde no se realizaron obras hidráulicas y endeudaron al estado.
 
En su momento el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado José Juan Espinosa puntualizó que el servicio del agua potable no puede ser un negocio de particulares, por ser un derecho constitucional, argumentó que no es necesario concesionar los servicios para mejorar la calidad, dando como ejemplo los municipios de San Pedro Cholula, Atlixco y Tehuacán en donde Concesiones Integrales no metió las manos.
 
Sobre el tema a discusión, el diputado Carlos Morales se quejó ante el pleno porque en el punto sexto se cambiaron algunas palabras en la minuta de trabajo aprobada en comisiones, ya que dijo no fue presentada como se había firmado y aprobado.
 
Finalmente, la diputada Nora Merino Escamilla hizo hincapié que se busca tener certeza en la conformación de una nueva normatividad, por ello resaltó la importancia de abrir a la opinión de especialistas y ciudadanos este foro, sobre todo en el cobro de las tarifas en donde los poblanos se han visto muy lastimados por abusos del prestador del servicio.
 
La reforma considera la realización de Foros de Consulta para el estudio, análisis y elaboración de una nueva Ley del Agua en el Estado de Puebla, a los cuales se convocó a participar a las Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones Académicas de Investigación, Instituciones Públicas Municipales, Estatales y Federales.