Diputados locales integrantes de la LX legislatura, en el Congreso de Puebla, avalaron el paquete de iniciativas del gobernador Miguel Barbosa Huerta, enfocadas en la protección de las mujeres y en cumplimiento de las recomendaciones para levantar la Alerta de Violencia de Género. El reconocimiento del matrimonio igualitario y la despenalización del aborto quedaron fuera.

Con 37 votos a favor, ninguno en contra y la abstención del diputado José Juan Espinosa, el Congreso del Estado avaló en lo general el paquete de reformas enviadas por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, referente a tres leyes y dos códigos.

Se trata de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley para Prevenir y Erradicar Delitos en materia de Trata de Personas; así como del Código Civil y Código Penal de Puebla.

Sin embargo, en lo particular hubo decenas de reservas, la mayoría de la priista Rocío García Olmedo, además de los artículos 294 del Código Civil referente al matrimonio y el 342 del Código Penal sobre la reducción de la pena con cárcel por la interrupción ilegal del embarazo.

La discusión se prolongó durante varias horas derivado de la reserva de diversos artículos solicitada por la diputada presidenta de la Comisión de Equidad, Rocío García Olmedo, entre los que pidió se aprobara el matrimonio gay en cumplimiento con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Acusó que los legisladores con mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) actuaron como “una oficialía de partes” al negarse a realizar modificaciones a las iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo y avalar la no criminalización de las mujeres que deciden practicarse un aborto antes de las 12 semanas de gestación.

En respuesta, el diputado sin partido, Héctor Alonso Granados, afirmó que nadie puede decidir sobre la vida de otra persona y aprobar el matrimonio igualitario sería un atentado en contra de los valores y el concepto de la familia tradicional en Puebla lo que le valió ser señalado de “homofóbico” por los presentes en el salón de Plenos.

Por su parte, la coordinadora de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Mónica Rodríguez Della Vecchia, refrendó la oposición de su bancada para reducir las penas aplicables a las mujeres que se practiquen un aborto en Puebla y que no encuadre en las cuatro causales establecidas en el Código Penal.

Con esta reforma se reducirá de seis a un año de prisión el castigo, aunque en el debate el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pugno porque no se criminalizara a las mujeres y la sanción se redujera a seis meses de cárcel o se conmutara la pena con 300 días de trabajo comunitario.

Pasadas las 15:00 horas, cuando todavía no se agotaban las reservas a la primera de las tres leyes (para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia), se consultó al pleno si continuaría la discusión hasta agotar el debate del punto cinco de la orden del día, lo cual fue avalado.

La Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como la Ley para Prevenir y Erradicar Delitos en materia de Trata de Personas pasaron sin mayor problema.

Comenzó así el debate por las reservas que se hicieron a los artículos 294 del Código Civil, que se refiere al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, dejando fuera la figura del matrimonio igualitario.

Después se analizaría el artículo 342 del Código Penal, el cual mantiene penalizado el aborto con cárcel de seis meses a un año, lo que significa una reducción de la actual pena que es de cinco años.

Iniciativas

La Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia pretende reforzar los principios de igualdad y no discriminación, ajustando su contenido con el ordenamiento federal vigente.

En tanto, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Puebla busca fortalecer y transferir las facultades del Instituto Poblano de las Mujeres a la nueva Secretaría de Igualdad Sustantiva.

La Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos está basada en el derecho a la reparación del daño.

Además que agregará las definiciones de abuso de poder, daño grave o amenaza de daño grave, asistencia y protección a las víctimas, informante, ofendido, publicidad ilícita, publicidad engañosa y testigo.

Fotos: Es Imagen / Jafet Moz