Ante la intromisión constante, los embates y mentiras que buscan descalificar el trabajo que se realiza en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, integrantes del Consejo Universitario cierran filas con el rector Esparza Ortiz, al considerar que la dicha institución enfrenta una de las mayores persecuciones políticas de su historia, la cual ha atentado contra la autonomía, la libertad de cátedra; incluso, contra la seguridad y libertad de quienes la integran.

El pasado jueves, miembros de las comisiones estatutarias de Planeación, Supervisión Administrativa, Obras y Crecimiento Físico, Presupuesto, Legislación Universitaria, Honor y Justicia, del Honorable Consejo Universitario, se dio cuenta de las acciones contra la máxima casa de estudios en el estado.

Al respecto, José Manuel Alonso Orozco, director del Complejo Regional Centro, hizo un recuento de las intromisiones que ha realizado el gobierno del estado a través de la coacción de poderes; de igual forma se pronunció el director de la Facultad de Cultura Física, Rodrigo Iván Aguilar Enríquez, quien señaló los logros alcanzados durante la administración de Alfonso Esparza Ortiz y destacó la democracia participativa que hoy reina en la Universidad, pero esto cambiaría si cae en manos de grupos que buscan hacer de esta un simple botín, a través de amenazas y chantajes.

Ante estos hechos, el Consejo Universitario levantó la voz y de forma contundente directores de las unidades académicas y complejos regionales respaldaron la gestión de Alfonso Esparza, a quien le ratificaron el apoyo y el compromiso de mantenerse unidos para hacer una defensa inflexible a favor de la Máxima Casa de Estudios en Puebla y de su autonomía.

Algunos miembros del Consejo Universitario, como el director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego, y la directora del Instituto de Física Luis Rivera Terrazas, María Eugenia Mendoza, se pronunciaron incluso porque la Universidad emprenda acciones jurídicas y recurra a otras instancias federales para dirimir las acciones arbitrarias de las que ha sido objeto, ya que en Puebla las instituciones operan bajo los intereses del Poder Ejecutivo.