Ante la falta de reconocimiento político y social de los beneficios que aportan las áreas naturales protegidas urbanas, es necesario lograr acuerdos y la concurrencia de los gobiernos federal, estatal y municipal con la sociedad civil para su manejo adecuado y conservación, consideró Gabriela de la Mora de la Mora, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM.

Además de lo anterior y la carencia de cultura de cuidado, detalló, hay que sumar las redes de corrupción entre tomadores de decisiones y grupos de interés asociados al sector inmobiliario, que favorecen el crecimiento urbano sin planeación y la especulación en el ámbito de bienes raíces, lo cual genera impactos negativos relacionados con inseguridad, contaminación y aumento de riesgos sociales y ambientales.

En la sesión dedicada a Bosques urbanos y biodiversidad en la ciudad: gobernanza y participación ciudadana, del Seminario permanente de Ciudades Sostenibles ante el Cambio Climático: interdisciplina, sostenibilidad y justicia, la universitaria añadió:

Esas áreas, en el contexto urbano, carecen de un estatus especial y en ellas se presenta pérdida de conexión con otros ecosistemas, al privilegiarse el interés económico del sector inmobiliario.

La investigadora de la UNAM señaló que la conservación de las zonas naturales protegidas urbanas y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos asociados, no ocupan un lugar relevante en la agenda política de manera permanente; su inclusión se debe a la presión social cuando se trata de cinturones verdes, claves para mantener servicios ecosistémicos hidrológicos y para la contención de la expansión de las urbes.

En el encuentro, organizado por el CRIM y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, De la Mora recordó que en los últimos 25 años la política de zonas protegidas se considera la columna vertebral de la estrategia de preservación de ecosistemas y biodiversidad en México. Sin embargo, esos espacios cada vez operan con menos recursos humanos y financieros.

Hay que entender su importancia y que despiertan la acción colectiva en las ciudades. Quienes colaboran de manera directa en estos espacios intentan contribuir a proteger estos paisajes, los cuales quedaron aislados y podrían perder ciertas características ecológicas, como su biodiversidad, al mantenerse como “manchones” dentro de las metrópolis.

La Organización Mundial de la Salud ha establecido que es necesario contar con nueve metros cuadrados de espacios verdes por habitante, y que estas deberían estar a 15 minutos de distancia de la zona que habitamos; en México “no tenemos ese privilegio”. Al referirse a los casos de las ciudades de Monterrey y Guadalajara, señaló que sólo existen 3.91 y 3.5 metros cuadrados, respectivamente.

La primera cuenta con 13 áreas naturales protegidas –dos federales, 10 estatales y una privada– que se ubican dentro de la urbe o en sus espacios circundantes, incluyendo el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. En tanto, la segunda tiene siete (una federal, una estatal y cinco municipales). Estas últimas son las de mayor fragilidad; algunas carecen de programas de manejo, presupuesto y personal.

Al mencionar una investigación exploratoria en ambas localidades (realizada de 2012 a 2015), donde se entrevistó a actores sociales estratégicos como funcionarios de los distintos órdenes de gobierno, activistas, sector académico y privado, entre otros, refirió que se intentó abordar los problemas cuando hay áreas naturales protegidas insertas en un contexto urbano.

Entre las consecuencias ecológicas se establece el cambio de uso de suelo por la urbanización y la expansión urbana; además, los asentamientos irregulares generan incidencia de incendios, fragmentación del hábitat y aumento de especies invasoras.

El menor contacto con la naturaleza influye en la falta de voluntad para participar en el cuidado del ambiente. Es fundamental informar a la sociedad sobre las consecuencias de la degradación de estos entornos para la sostenibilidad de las ciudades, la vida humana y los ecosistemas, precisó Gabriela de la Mora.

En tanto, Jorge Gastón Gutiérrez Rosete Hernández, de la Universidad de Guadalajara, se refirió a los trabajos realizados en esa institución educativa mediante la aplicación de la metodología denominada restauración forestal participativa.

Su finalidad es formar promotores forestales para restaurar espacios y “organizarnos de manera colectiva”. Asimismo, generar y aplicar lineamientos para la planeación e implementación de procesos socio organizativos y de renovación forestal integral.

El integrante fundador del Colectivo Ecologista Jalisco y del Colectivo Ciudadano Pro Bosque Pedagógico del Agua, detalló que la metodología de restauración participativa prevé el desarrollo de procesos integrales, colectivos, fomentando la colaboración de la gente, la autonomía de los organismos, grupos y redes, mediante la intersectorialidad; es decir, donde intervengan grupos ecologistas, ambientalistas, comunitarios, vecinales, voluntariados empresariales, sector académico y dependencias y organismos públicos del Estado o descentralizados.

No se trata de ir a plantar árboles y olvidarse de ellos, sino llevar a cabo proyectos de mediano y largo plazos para tratar de garantizar que salgan adelante. La intención es trabajar en áreas con vocación boscosa en entornos urbanos, como en el de La Hondonada, en el bosque de La Primavera, en Guadalajara. “No pretendemos generar parques o jardines, plazoletas o camellones, sino bosque en su sentido más complejo”, finalizó Jorge Gastón Gutiérrez.