Ya sea como insumo o paradero de desechos, los mantos acuíferos se han visto ampliamente afectados por la actividad industrial. Para contextualizar esta problemática, la tercera sesión del ciclo de debates Extractivismo y defensa de los territorios, co-organizado por el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, SJ (IIMA) de la IBERO Puebla, y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), abordó la situación del agua.

La cuenca Atoyac-Zahuapan es una de las más grandes del país. Como informa Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro «Fray Julián Garcés» Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C., la zona es habitada por 3,104,000 personas distribuidas en los estados de Puebla, Tlaxcala y Estado de México. En la cuenca, dijo, hay más de 20 mil empresas y manufactureras: 11,334 en Puebla y el resto en Tlaxcala.

Más del 70% de la población tlaxcalteca se encuentra en esta cuenca. Desde los años 60, esta entidad ha vivido una acelerada transformación de espacios que en otros tiempos se dedicaban al campo. Reconoció que la presencia del agua juega un papel estratégico en el desarrollo industrial, lo cual tiene altos efectos negativos en la salud de los pobladores y el medioambiente.

Situación similar viven las comunidades de El Salto y Juanacatlán, Jalisco. Alan Carmona Gutiérrez, integrante de Un Salto de Vida, A. C., indicó que el crecimiento industrial en la zona derivó en una destrucción de manera inmediata: cerca de 657 empresas de todos los giros operan en la cuenca Chapala-Santiago.

Identificó una configuración de despojo que, a través de megaproyectos extractivistas, supone una síntesis del capitalismo. “El Estado ha tenido conocimiento de los daños a la salud y los altos índices de envenenamiento en las comunidades, pero nos ven como poblaciones prescindibles”, reprobó.

Por su parte, Patricia Ávila García, académica del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, indicó que existe una alta permisividad para que la industria ingrese a las comunidades, además de normas laxas ante la contaminación. “Al tener un Estado que vela por los intereses del capital, se garantizan las condiciones para que la industria opere sin importar los costos sociales”.

El reconocimiento de la importancia del medioambiente surge a partir de la conciencia de las implicaciones a la salud. Nuestro país, dijo, ha adoptado políticas verdes promovidas por instancias internacionales. No obstante, el aparato regulatorio es mínimo. “Tenemos solo apariencias de que estamos aplicando las leyes. Los ejemplos que estamos analizando en este foro demuestran lo contrario”.

Acciones sociales

Sobre Un Salto de Vida, A. C., Alan Carmona relató que surge ante la necesidad de brindar apoyos de interlocución entre las comunidades y las autoridades estatales. No obstante, los procesos de diálogo no han sido sencillos. “Somos una familia y vivimos una resistencia cotidiana. El simple hecho de seguir viviendo en un territorio enfermo como es El Salto, es un acto de resistencia”, refrendó.

Uno de sus principales canales de comunicación ha sido el arte, pues lo consideran una vía para irradiar de manera profunda en un imaginario nuevo. Compartió que, en los últimos diez años, han buscado la cobertura de medios de comunicación internacionales para dar a conocer la información de las afectaciones a la salud de la presencia industrial.

De igual manera, el Centro «Fray Julián Garcés» Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. surge con la intención de fortalecer a las comunidades como sujetos sociales para buscar el ejercicio pleno de los derechos. En alianza con la Coordinadora Por un Atoyac con Vida, han buscado la recepción y divulgación de propuestas en materia medioambiental, así como el pilotaje de experiencias autogestivas.

Desde 2003, han trabajado con las academias para documentar técnica y científicamente las afectaciones: “No vale la palabra de los pueblos. Sabemos empíricamente de los daños, pero debemos demostrarlo”. Actualmente, informó Alejandra Méndez, se han conformado mesas de trabajo interinstitucional en las que se busca elaborar un plan de salud humana y ambiental.

Para Ávila García, los territorios viven una presión constante debido a la presencia de nuevos megaproyectos. “Es una historia sin fin. La industria no quiere invertir en sanear nada ni en energías más limpias”. Denunció que muchas empresas condecoradas por sus políticas verdes no tienen prácticas que beneficien al medioambiente.

Legislaciones

Con respecto a la Ley General de Aguas, Carmona Gutiérrez señaló que representa un conjunto de herramientas jurídicas para la defensa del territorio y los recursos naturales. Reconoció que los procesos amplios se vuelven incontrolables, con lo que la diversidad de posturas genera dificultades de participación.

Se debe brindar un verdadero acceso a la justicia para las víctimas. Méndez Serrano insistió en la importancia de que las comunidades puedan diseñar el tipo de ecosistema que desean a través de la ecología integral, así como refrendar el derecho a la indignación e incidencia social.

En complemento, Patricia Ávila destacó que las reformas devienen exclusivamente de un compromiso internacional de realizar una legislación con dimensión de derechos humanos. Llamó a lograr, a través de la participación ciudadana, la consolidación de una normativa que reduzca su orientación neoliberal.

Hacia dónde vamos

Los movimientos y resistencias sociales, en la medida en que puedan fortalecerse, podrán ejercer una presión mayor sobre las autoridades. Ávila García remarcó la urgencia de innovar en la manera en que se busca el acceso a la justicia, así como el papel de las academias en el cambio social.

Alejandra Méndez apuntó que la crisis del Covid-19 evidencia que necesitamos un cambio sistémico. Llamo a construir metodologías que ayuden a concientizar sobre la complejidad de los problemas sociales. “Todo está conectado. Debemos fortalecer el conocimiento desde la ecología integral. Somos un todo y debemos cuidarnos y respetarnos unos a otros”.

Finalmente, Alan Carmona identificó una lucha en tres ejes: exigencia, confrontación y reapropiación, pues los intereses del capital van en sentido contrario a lo que las comunidades requieren para vivir. “La resistencia directa es fundamental. Los proyectos de restauración no garantizan nada”. Hizo hincapié en que el rechazo a la dictadura de normalidad es una postura a la que las comunidades no renunciarán.

Foto: Es Imagen / José Castañares